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Palco 23 La Agencia Tributaria ha empezado a investigar si el Deportivo de la Coruña cometió fraude fiscal en el traspaso de Filipe Luis al Atlético de Madrid, una operación que se formalizó en julio de 2010 por 12 millones de euros. Las indagaciones del Fisco giran en torno al pago del IVA correspondiente al pago variable de dos millones de euros en el caso de que el lateral brasileño (ahora en el Chelsea) alcanzara un número determinado de partidos jugados con su nuevo equipo. Es decir, que la cuota defraudada ascendería a unos 360.000 euros.

La existencia de esta inspección ha salido a la luz gracias a la convocatoria de la junta de accionistas para el próximo 24 de noviembre. El actual presidente del club, Tino Fernández, tiene la intención de convertir el encuentro con el resto de socios para depurar responsabilidades con la anterior junta directiva, que presidía Augusto César Lendoiro y al que se le atribuye la mala gestión que ha llevado al club a una delicada situación económica.

En la junta también se informará sobre las reclamaciones de “profesionales liberales” que contrató la anterior junta, en ua posible referencia a abogados y consultores. Además, Fernández también exhibirá todas las contingencias que ha aflorado la due dilligence que encargó cuando accedió a la presidencia a finales de enero de 2014.

La situación que heredó el equipo de Fernández era crítica, hasta el punto que en dos meses tuvo que negociar un pacto con la Agencia Tributaria para evitar posibles sanciones de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Finalmente se logró acordar un nuevo calendario para liquidar su deuda de 42,5 millones de euros con el Fisco, en la que se incluía el compromiso de ampliar capital por un mínimo de seis millones de euros y que ahora debe aprobar la junta. En cualquier caso, la obtención de los fondos debe llegar en el primer tramo de 2015.

El acuerdo con Hacienda se produjo a principios de este año, después de que al club ya se le embargan ingresos por 19,7 millones de euros para reducir los saldos pendientes de abonar al Fisco y que entonces ascendían a 63 millones. Tras este pago, el Dépor está obligado a abonar cinco millones de euros anuales (divididos en dos cuotas) a partir de 2015.  La entidad, que pagará un interés del 2%, podría dejar su deuda saldada en enero de 2023. En el caso de disputar más de tres temporadas en Segunda División, el plazo para saldar los compromisos con el Fisco se extendería a junio de 2024.

La ampliación de capital irá dirigida en una primera fase a los actuales accionistas, que podrán adquirir títulos a un precio de 46 euros. Tino Fernández, presidente del Dépor desde finales de 2013 y responsable de la última negociación con Hacienda, ya ha avanzado que él sí acudirá a la ampliación. “Es necesario hacerlo”, insistió recientemente el ejecutivo, ante el riesgo de que el club sea sancionado por la LFP.

Más allá de las deudas con Hacienda, el club también debe afrontar durante los próximos años la devolución de algo más de treinta millones de euros. En paralelo, deberá hacer frente al pago de otros proveedores que suman unos 20 millones más, tras aplicárseles una quita del 33% durante el concurso de acreedores deportivista, al que se puso fin a principios de este año.

 

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