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Palco23 El proyecto que debe desatascar financieramente el traslado del Atlético de Madrid a La Peineta aún tardará en poder salir adelante. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un nuevo recurso contra el Plan Parcial del ámbito Calderón-Mahou, en este caso el presentado por Ecologistas en Acción y la plataforma vecinal Pasillo Verde-Imperial. Estos se suman al que ya presentó en su momento Señales de Humo, la asociación que agrupa a pequeños accionistas del conjunto rojiblanco.

Las nuevas denuncias se refieren al nuevo proyecto urbanístico que se aprobó a mediados de 2014 para salvaguardar la operación. Entonces, se aprovechó que un año antes el Gobierno de la Comunidad de Madrid había modificado la ley de suelo para establecer que la limitación de cuatro alturas que fija una ley de 2007 no sería aplicable a las parcelas que estuvieran clasificadas como urbanas “antes de la entrada en vigor de la ley [2007], ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que lo afecten”.

Mahou Calderón

FCC y Atleti planeaban construir edificios de viviendas para financiar las obras de La Peineta.

Sin embargo, en una resolución del TSJM que anulaba la operación diseñada en 2009, ya advertía de que el proyecto que proponen el Atlético de Madrid, la cervecera Mahou y la constructora FCC supone “un auténtico nuevo desarrollo urbanístico que transforma totalmente el ámbito”, por lo que debería regirse por la actual ley de suelo, que limita cualquier edificio a un máximo de cuatro alturas, y no beneficiarse de la exención aprobada por la Comunidad de Madrid.

La intención de FCC pasa por construir una 2.000 viviendas en los terrenos que actualmente ocupa el estadio Vicente Calderón y una antigua fábrica de Mahou, con  dos rascacielos de 36 pisos y otros ocho bloques de hasta 22 alturas. A cambio, la constructora asumía las obras de remodelación de La Peineta por 195 millones de euros, de los que el Atleti sólo abonaría 41 millones. Además, le empresa se comprometía a soterrar el último tramo de la M-30 para completar el parque de Madrid Río, asumiendo un 57% del coste (más de cien millones).

Todos estos problemas judiciales han provocado un retraso en las obras del nuevo complejo deportivo, cuya entrega ahora se ha retrasado a finales de la temporada 2016-2017. La disponibilidad de un estadio de mayores dimensiones se ha convertido en una cuestión capital para el conjunto controlado por la familia Gil Marín, especialmente tras los éxitos deportivos de los últimos años y el incremento de la masa social que ha provocado.

 

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