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Palco23 Se vuelve a abrir el juicio oral contra el FC Barcelona y sus últimos dos presidentes, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. En este caso, ha sido la Audiencia Provincial de Barcelona, a la que la Audiencia Nacional trasladó el caso Neymar después de estimar los recursos de los imputados. Ahora, tanto el propio club, como Rosell y Bartomeu pasan a tener la condición de acusados y disponen de veinte días para que las defensas de los acusados presenten los respectivos recursos de alegaciones.

El juez instructor de la Audiencia de Barcelona ha dado por buena la investigación de la Audiencia Nacional, que provocó la acusación contra el club blaugrana por un presunto delito de fraude fiscal en el fichaje del delantero brasileño y que se estima en unos 13 millones de euros. Según Catalunya Ràdio, que ha adelantado la noticia, por ahora no se sabe si se producirá o no un juicio, ya que primero deberá resolver los recursos de los acusados.

En esencia, el proceso judicial se encuentra en el mismo punto que estaba cuando era el Juzgado Central de Instrucción número 5, que ya el 15 de mayo emitió un auto en el que abría el juicio oral y sentaba en el banquillo de los acusados al Barça, Bartomeu y Rosell. Sin embargo, ese auto quedó anulado cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó los recursos en el que defendían que este estamento no era el competente para resolver este caso.

Entonces, los jueces justificaron la competencia de los juzgados de Barcelona para dirimir este litigio porque los fondos distraídos fraudulentamente se encontraban en las cuentas del Barça, ya que es desde las oficinas del Camp Nou desde donde se ordenaron los pagos, independientemente de que el destino de los fondos fuera Brasil. Es decir, que “resultaría intrascendente” que los pagos no se realizaran en España, ya que lo realmente punible son “los perjuicios causados a los socios no se producen en Brasil sino en Barcelona, lugar donde tiene además su domicilio social la entidad deportiva en cuestión”.

Hasta ahora, la lógica aplicada por la Fiscalía era la contraria. Es decir, que consideraba competente a la Audiencia Nacional en tanto que el delito también se había cometido en Brasil porque era el país de residencia del jugador antes de fichar y donde está domiciliada la sociedad del futbolista y su familia a través de la que se realizó un pago de 40 millones por sus derechos económicos. “El proceso se ha venido sustanciando por un órgano judicial declarado hoy incompetente, como se entendió siempre desde el Club”, ha enfatizado la junta directiva en un comunicado.

 

Acusaciones de la Fiscalía

En su texto,  el Juzgado Central de Instrucción número 5 recogía los argumentos de la Fiscalía, que pedía 2 años y 3 meses de cárcel para Bartomeu por un delito fiscal correspondiente al ejercicio de 2014. Para Rosell pedía 7 años y 6 meses por otros dos delitos fiscales por los ejercicios 2011 y 2013, según consta en el escrito de acusación que presentó el pasado 23 de marzo.

Los posibles delitos que se le atribuyen a ambos dirigentes también salpicaban al propio club, al que se le acusa de tres delitos fiscales por los tres años y le reclama que pague a Hacienda 11,4 millones en concepto de indemnización por responsabilidad civil. También solicita que se imponga una multa de 22,2 millones de euros al Barcelona, que será juzgado como persona jurídica, así como de 25,1 millones a Rosell y de 3,8 millones a Bartomeu.

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