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Palco23 El Real Zaragoza coge aire. El club aragonés ha presentado hoy ante el Juzgado de lo Mercantil número dos de Zaragoza las adhesiones necesarias para poder modificar el actual convenio de acreedores, que le permitió abandonar la tutela judicial en 2012. En concreto, la entidad necesitaba recoger adhesiones superiores al 60% de la deuda.

En un comunicado, comentan que los cambios introducidos ni amplían la espera para cobrar ni la quita que se aplicó sobre los compromisos pendientes de pago. “Sólo elimina la limitación de tres años máximos de espera del pago del convenio en Segunda División“, comentan, lo que de hecho les permite retrasar la amortización de las primeras cuotas que debía realizar ya esta temporada.

El club argumenta que “esta medida se engloba dentro del plan de refinanciación empezado a finales de la temporada 2015-2016 y que busca el objetivo de dar la estabilidad financiera al Real Zaragoza en Segunda División”. En este sentido, muestran su “agradecimiento a todos los acreedores que con su adhesión a la modificación del convenio han demostrado su apoyo y comprensión”.

Según publicaba recientemente El Heraldo, a día de hoy el calendario de la deuda ordinaria establecía  pagar 1,36 millones en 2016, 1,9 millones en 2017, 2,44 millones en 2018, 2,99 millones en 2019, 3,80 millones en 2020, 4,35 millones en 2021 y 5,16 millones en 2022 y 2023, respectivamente.

En el actual escenario, el Zaragoza estaba obligado a destinar anualmente un mínimo de cuatro millones de euros para pagar a sus acreedores, incluida Hacienda. Ello, después de un pacto con la citada Administración, ya que el convenio original establecía que durante nueve años amortizaría deuda a un ritmo de 9,5 millones anuales.

En enero de 2015, el club ya logró rebajar la carga y solventar la delicada situación con la Agencia Tributaria mediante un nuevo acuerdo. En el mismo, se reconocía que la deuda ascendía a 30,5 millones de euros, de los que 22,6 millones correspondían a deuda vencida y 7,9 millones a deuda aplazada. Hacienda, a cambio, aceptaba una espera mínima de cinco años y máxima de ocho años, tras percibir un primer pago de 3,9 millones.

A partir de entonces, se comprometía a un pago anual de 3,9 millones si estaba en Primera o de 2,3 millones si seguía en Segunda División. Como viene siendo habitual en otros acuerdos singulares de la Administración con clubes de fútbol, se aseguraba que un porcentaje de los ingresos por traspasos se utilizarían para amortizar de forma acelerada cuotas, así como si se producía una mejora excepcional por los ingresos de televisión.

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