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Palco23 El Valencia CF ya ha presentado recurso contra la decisión de la Comisión Europea (CE), que obliga al club a devolver 23,4 millones de euros a la Generalitat de la Comunidad Valenciana. La presidenta, Layhoon Chan, calificó ayer el importe exigido de “usura”, tras enfatizar que nunca hubo una ayuda pública en la garantía que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ofreció en 2009 para obtener un crédito bancario.

El pago debe hacerse efectivo el próximo 6 de noviembre, con la afectación que el mismo tendrá tanto a efectos de tesorería como en la cuenta de resultados de 2015-2016, donde ya se provisionó el importe y originó unas pérdidas récord, como avanzó Palco23.

En su defensa, Meriton Holding argumenta que cuando se hizo con la mayoría accionarial asumió la deuda de la Fundación que recibió el préstamo y se liberó al IVF de las garantías otorgadas, un escenario que se acostumbra a tener en cuenta a la hora de valorar si verdaderamente hubo una ayuda pública. En este caso, la CE defendió que el problema es que el respaldo se dio sin que hubiera un plan de negocio elaborado.

Sobre el hecho de que la reclamación recaiga sobre el club y no sobre la Fundación, y siempre según la versión ofrecida por el Valencia, se debe a que el préstamo de 75 millones que otorgó Bancaja (hoy Bankia) sirvió para la compra de acciones del club con la que se evitó un riesgo real de quiebra.

Layhoon Chan consideró “irreal y desproporcionada” la reclamación de la CE, hasta el punto de calificarla de “usura”, porque si a estos 23,4 millones se le añaden lo pagado previamente para hacer frente al aval, se estarían abonando 49 millones por un aval de 75 millones de euros, según declaraciones recogidas por Efe.

El argumentario del club se basa en dos puntos: el primero, que la sanción recae sobre el Valencia CF “cuando fue la Fundación Valencia CF la que realizó la operación”; el segundo, que Bruselas ha “aplicado en su resolución un manual estándar para empresas sin tener en cuenta las particularidades de un club de fútbol”, es decir, sin valorar activos que tienen, como los derechos económicos sobre los futbolistas.

Por ello, la entidad considera que el análisis de Competencia se basa en el supuesto erróneo de que su valor era cero, cuando en realidad se financiaba por su capacidad de crédito con otras entidades, a precio de mercado y sin necesidad del aval de Generalitat, y aunque tenía una tesorería debilitada poseía una capacidad de generar ingresos.

“El valor del Valencia no podía ser cero. De primeras, los pequeños accionistas, 26.000 de ellos, habían hecho un esfuerzo de 19 millones de euros. También en contra de lo que mantiene la UE, no existe ayuda de Estado porque el club no podía valer cero por todo su patrimonio, como es el estadio, la ciudad deportiva de Paterna, entre muchos otros, al margen del valor de su plantilla y el mercado de fichajes que permite generar dinero”, defendió.

“En ningún momento se ha utilizado dinero de los valencianos, ni ningún dinero público, ni debe dinero a la administración”, recordó, para añadir: “Desde 2009 el club ha aportado 300 millones al erario público y da trabajo a 400 personas de forma directa y miles de forma indirecta”.

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