El diario económico
del negocio del deporte

Marc Menchén Augusto César Lendoiro, Manuel Ruiz de Lopera, Agapito Iglesias… Son nombres que quedan ya lejos del día a día en el negocio del deporte, pero cuyas acciones en la década de los noventa y los primeros años del siglo XXI aún actualmente se notan en los clubs que, respectivamente, presidieron. De hecho, la última semana ha estado marcada por noticias que se derivan de la actuación de algunos de ellos, y que tienen también en la Agencia Tributaria como una de las protagonistas. En común, que RC Deportivo, Real Betis, Real Zaragoza y, por citar a otro de los protagonistas, el Real Valladolid, tienen a la Administración como uno de sus principales acreedores.

A día de hoy, el Fisco continúa siendo uno de los acreedores individuales más importantes de este deporte, tanto por la negligente gestión de varias entidades en el pasado, como de su permisividad a la hora de no reclamar las liquidaciones. Esta situación provocó que los compromisos pendientes de pago alcanzaran los 650 millones de euros en 2013. El férreo control económico de La Liga, unido a los convenios singulares que Hacienda ha ido firmando, han permitido rebajar sustancialmente esta cuantía, hasta los 230 millones de septiembre.

Deportivo Coruña Osasuna 16-17 Andone 650

Osasuna y Dépor, dos de los clubs que más deuda tributaria arrastraban por su anterior gestión.

De este importe, ya no existe deuda vencida, es decir, que todos los clubs de La Liga sin excepción están al corriente de pago de sus obligaciones, conscientes de que no estarlo podría suponer incluso el descenso administrativo, como le sucedió al Elche CF y logró evitar in extremis el Getafe CF. Ahora restan por pagar 161 millones de deuda calificada como concursal y otros 69 millones considerada como aplazamientos, y que se ha convertido en una losa para el concentrado número de equipos a los que se le atribuyen estos pasivos.

En las oficinas de Hernández de Tejada enfatizan que la entrada en vigor del nuevo contrato audiovisual ha alejado el peligro real para todas estas entidades, pero algunas admiten que se trata de un lastre importante a la hora de competir. Especialmente si, como le ha sucedido al RC Deportivo esta semana, el Tribunal Supremo emite un fallo en el que considera que la quita que se había aplicado a una parte de la deuda tributaria no procede, obligándole a la práctica a tener que abonar 21,7 millones adicionales al Fisco de aquí a 2023.

En el marco del concurso, el Dépor reconoció una deuda de 96,25 millones con el Estado, que firmado el convenio singular en marzo de 2014 y aplicadas las quitas aprobadas para salir del concurso, quedó rebajada a 65,28 millones. Un fallo judicial en la campaña 2014-2015 ya obligó a reclasificar qué deuda era privilegiada y cuál no, lo que elevó a 76 millones el dinero a devolverle, a los que ahora se le suman los 7,2 millones extra que se habían recortado mediante quitas y que el Supremo no ha aceptado. Es decir, unos 83,2 millones de euros.

El problema no reside únicamente en que no pueda producirse el ahorro previsto, sino que, además, obligará al club presidido por Tino Fernández a acelerar las amortizaciones. Ello se debe a que los pasivos considerados como privilegiados, que subían a 53,4 millones y que ya se habían bajado a 33,43 millones en octubre de 2016, incorporan ahora los citados 21,7 millones y, en lugar de devolverlos a partir de 2024 y hasta 2031, obliga a devolverlos antes de 2023. En otras palabras, las dos cuotas anuales que hasta ahora sumaban uno 6,6 millones ahora podrían irse hasta los 7,9 millones por campaña.

Hasta ahora, el club coruñés venía abonando unas cuotas semestrales de unos 3,3 millones de euros que, si bien cumplía holgadamente e incluso anticipaba sus pagos para eludir mayores intereses, le impedían tener un mayor tope salarial. Para 2016-2017, por ejemplo, y pese a facturar mucho más que CD Leganés o Deportivo Alavés, el gasto autorizado para la plantilla de Pepe Mel ha sido la quinta más baja de la categoría. Por el momento, Fernández ya ha anunciado que no sólo se verá limitada la capacidad en el plano deportivo, sino que se han tenido que cancelar proyectos anunciados, como el de la apertura de un museo en la conmemoración del 110 aniversario.

 

La del Dépor no es la única victoria que se ha anotado Hacienda en la última semana, ya que el Supremo también le ha dado la razón en el litigio que mantenía con el Real Valladolid a cuenta de dos millones de euros que le reclamaba por recargos. El club vallisoletano, que logró quitas de entre el 70% y el 80% para abandonar la tutela judicial en 2014, firmó un convenio con la AEAT en julio de 2015, en el que le reconocía un pasivo de 33 millones. Tras realizar un pago inicial de 3,66 millones, pactó una espera máxima de 8 años, con cuotas mensuales de 364.355 euros en Primera y del 50% de este importe en Segunda. Como es habitual en estos convenios, que en su caso finaliza en 2024, se establecieron pagos extraordinarios equivalentes al 25% de cualquier ingreso extraordinario, como la venta de un futbolista.

Uno de los clubs que ya consiguió poner fin a sus compromisos aplazados con Hacienda es el Real Betis, que este viernes también alcanzó un acuerdo con Bitton Sport que podría asegurar el fin de la inestabilidad accionarial del club con la compra del 51% de las acciones para redistribuirlas entre los socios minoritarios y poner fin de forma definitiva a todo lo relacionado con Lopera. Además, en su caso sí logró imponerse en los juzgados a la AEAT, de manera que los 30,03 millones que reconocía en el convenio singular firmado en 2012 se recortaron en 15 millones en 2013, adelantando en tres años y medio el pago de la última cuota, hasta julio de 2015. A 30 de junio de 2016, aún le restaban por pagar 14,2 millones al resto de acreedores, en su mayoría clubs, exfutbolistas e intermediarios, además de proveedores varios.

Más agónica fue la negociación del Real Zaragoza, que no fue hasta enero de 2015 cuando logró que Hacienda se aviniera a negociar un nuevo convenio singular para evitar la devolución de 30,5 millones en el corto plazo. Para ello, realizó un pago inicial de 3,9 millones, que a cambio le permitió obtener hasta ocho años, es decir, hasta 2024, mediante pagos anuales de 2,3 millones si está en la Liga 1|2|3 y de 3,7 millones si logra volver a la Liga Santander. A 30 de junio de 2016 faltaban por devolver unos 25 millones, mientras que con el resto de acreedores se pactó en octubre de ese mismo año la ampliación en dos años, de tres a cinco, la espera para realizar el primer pago del convenio, ante la imposibilidad de afrontarlos en Segunda División.

En una circunstancia similar está el RCD Mallorca, que en junio de 2012 acordó un plan de pagos para devolver 21,6 millones de euros, por el que durante los primeros cinco años pagaría un millón de euros si el equipo estaba en Primera y 500.000 euros si estaba en Segunda. Esta primera fase abarcaba de septiembre de 2012 al mismo mes de 2016, por lo que el club sólo habría hecho frente a 2,5 millones. Es decir, que restarían por pagar unos 18 millones de euros que, según el citado acuerdo, se devolverá en cinco pagos idénticos a partir de 2017, lo que supondrá unos tres millones, el equivalente a casi un tercio del presupuesto del Mallorca si no logra volver a la élite del fútbol español.

 

Espanyol y Atleti, con capital chino para no sufrir tensiones de tesorería

Muestra de que el ascenso a Primera puede suponer un auténtico revulsivo es el Real Sporting, que estuvo al borde de las sanciones administrativas hasta que su vuelta a la élite y la coincidencia con el nuevo ciclo audiovisual le permitieron acceder a un crédito puente con el que saldar toda su deuda vencida con la Administración. Menos problemático es el caso del RCD Espanyol, el único de los equipos de fútbol que, pese a su elevadísimo apalancamiento logró evitar su entrada en los juzgados hasta la llegada de un nuevo accionista, Rastar Group, que ha liquidado toda la deuda con los bancos y los proveedores.

De esta forma, se ha evitado que los pagos obligatorios a Hacienda se conviertan en retrasos e intereses de demora, que en los últimos cursos habían derivado en pérdidas. En principio, según consta en las cuentas de 2015-2016, el próximo año ya se habrán saldado todos los compromisos tributarios, ya que para esta campaña hay fijada una devolución de 17,59 millones, a la que se sumará una segunda de 9,98 millones en 2017-2018.

Situación de tranquilidad es la que se respira también en las oficinas del Vicente Calderón, que tras el último verano logró un nuevo pacto con la AEAT, a la que en 2012 le debían 180 millones. A cambio de adelantar una parte de la deuda en septiembre, se acordó un nuevo calendario que establecía sendos pagos de 15 millones de euros en los meses de octubre de 2017, 2018 y 2019.

Aunque su caso difiere mucho del resto y su interlocutor no es el mismo, el caso de CA Osasuna también evidencia las consecuencias que ha tenido la etapa previa a la profesionalización de este deporte en España. El club logró en 2015 un acuerdo con la Hacienda Foral y el Gobierno de Navarra, por el que entregaba la propiedad del estadio El Sadar y la ciudad deportiva de Tajonar para bajar su deuda de 52,8 millones a 20,65 millones. Desde el 1 de enero de 2015, tiene treinta años para ir devolviendo el dinero mediante cuotas, que le permitirían recuperar la propiedad de las instalaciones.

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