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M.Menchén Ángel María Villar sorprendió hace dos semanas al dejar plantado al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, y al presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas. En aquel encuentro debía desencallarse la venta centralizada de los derechos de televisión, un proyecto que ahora el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) vuelve a reclamar que se apruebe con carácter de urgencia.

Pese a que la LFP trató de poner contra las cuerdas a Villar en un comunicado donde aseguraba que el fútbol profesional no se sentía representado por el dirigente federativo, hoy ha logrado que algunos de estos clubes, como Atlético de Madrid, Sevilla FC o RCD Espanyol, den “el respaldo absoluto a todas las actuaciones” de Villar. Y es que ese punto ha sido aprobado “por unanimidad” de la junta directiva, es decir, también por parte del estamento arbitral, el fútbol aficionado y los jugadores.

Está por ver si el apoyo de los equipos de Primera División ha llegado después de un cambio de postura de Villar. Por ahora, tan sólo se ha dejado claro que la Rfef hoy ha acordado “ratificar la unidad del fútbol español para la promulgación, con carácter urgente, de un Real Decreto Ley que regule la comercialización unificada de los derechos audiovisuales y su reparto solidario con todo el fútbol español”.

El escollo está en cuál es la solidaridad que se aplica, ya que la Rfef quiere entre un 4% y un 5% de todos los ingresos que genere la venta de las retransmisiones por televisión, mientras que los primeros borradores manejados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) establecían una cuota de sólo el 2%. Villar también exigía que en esa negociación se traten el resto de problemas de este deporte, algo que la LFP ahora estaría por la labor de aceptar.

Al menos así se desprende del comunicado redactado por la Rfef, en el que se hace público “el apoyo incondicional de la LFP a las reivindicaciones del fútbol aficionado y del resto de estamentos del fútbol español”. Entre estas medidas estaría la petición del CSD de que la federación devuelva ocho millones procedentes de La Quiniela cuyo gasto no se ha justificado, la ofensiva inspectora de Hacienda contra los futbolistas y la regularización impuesta por la Seguridad Social a los monitores del fútbol formativo.

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