Una sentencia contra el Murcia refuerza el poder de La Liga para descender a clubes

La Liga sigue acumulando jurisprudencia a su favor a la hora de ejecutar descensos administrativos por incumplir la normativa de control económico. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la patronal de clubes en el litigio que mantiene con el Real Murcia, después de que el año pasado fuera descendido a Segunda División B por no pagar a la Agencia Tributaria.

El organismo judicial viene a confirmar el auto del Juzgado Mercantil número 7 de Madrid, en el que ya se daba la razón a La Liga en todo este proceso. Según el fallo, publicado por Iusport, el juez considera que "lo que resulta incuestionable es que la decisión de la LNFP al llevarla a cabo [la sanción] constituye una actividad desarrollada en el ejercicio de la potestad disciplinaria que le viene encomendada por la Ley del Deporte cuyo Art. 74-2 establece que el ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponder: d) A las Ligas profesionales, sobre los clubes deportivos que participan en competiciones oficiales de carácter profesional y sobre sus directivos o administradores".

El Real Murcia defendía que la sanción recibida atentaba contra la libre competencia, pero el juez recuerda que la Ley de Defensa de la Competencia ya recoge la posibilidad de "impedir, restringir o falsear" la libertad de mercado si resulta de la aplicación de una ley. En este sentido, el auto razona que "la decisión de descenso de categoría de Real Murcia que adoptó la LNFP gozaba de amparo o cobertura en los preceptos de rango legal y de naturaleza disciplinaria contenidos en la Ley del Deporte".

El conjunto murciano perdió su puesto en Segunda División el pasado verano, después de que no consiguiera aplazar una deuda vencida y exigible de 12,5 millones de euros con la Agencia Tributaria. La familia Samper, propietaria del equipo, planteó batalla legal para evitar el descenso, pero en los últimos meses se han ido produciendo decisiones que avalaban la gestión de La Liga, como el fallo del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) a finales de 2014.

El Gobierno también ha aprovechado el Real Decreto Ley que regulará la venta centralizada de los derechos de televisión para fortalecer el papel de la patronal en estos casos, como adelantó Palco23. Y es que este verano ya se ha producido un primer descenso administrativo, el del Elche CF, que ya ha advertido de que recurrirá ante el TAD y las instancias judiciales que hagan falta. Además, según el presidente de la patronal, Javier Tebas, el Getafe CF también podría seguir el mismo camino.

El conjunto controlado por Ángel Torres tiene un patrimonio neto negativo de 21 millones de euros, provocado por las abultadas pérdidas de la última temporada. Ello ha provocado la acumulación de deudas pendientes con los jugadores y con Hacienda, con la que negocia el aplazamiento de al menos 3,8 millones de euros correspondientes al IVA y el pago inmediato de 7 millones de euros.