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M.Menchén Se trata de una opinión no vinculante, pero los argumentos en contra de la prohibición de los fondos de inversión en el fútbol español se acumulan encima de la mesa del Consejo Superior de Deportes (CSD). A los razonamientos de La Liga, ahora se le suman los de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en un informe indica que este veto “parece vulnerar principios normativos básicos recogidos por las más altas instancias nacionales y de la Unión Europea”.

Se trata de una medida aprobada por la Fifa, con el respaldo de la Uefa, y que ahora debe ser adaptada por los reglamentos de las federaciones nacionales. Sin embargo, para que el cambio sea efectivo debe recibir el visto bueno del Gobierno y ello aún no se ha producido. Y es que, según el organismo regulador, esta prohibición “atenta contra la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, garantizada y protegida por el artículo 38 de la Constitución Española de 1978″. Además, “se vulneran libertades fundamentales del Mercado Único establecidas por el TFUE, como la libre circulación de capitales (artículo 63), repercutiendo también en la libre circulación de trabajadores (artículo 45)”, según sus conclusiones.

Con esta terminología jurídica, lo que viene a defender la CNMC es que se estaría prohibiendo la libre competencia de los clubes con menos recursos al cerrarse una vía de financiación normal y corriente, como es la de un crédito entre dos personas jurídicas con la pignoración de activos de una de las partes para asegurar la devolución del dinero. En este caso, el activo que se entregaría como garantía son los ingresos derivados de la venta de los derechos económicos sobre un determinado futbolista. Otra fórmula que es la del third-party ownership (TPO), en la que el club compartía la propiedad de los derechos sobre un jugador.

“La propiedad por parte de terceros es una especie de esclavitud moderna, donde se ven jugadores que pertenecen a los fondos de inversión u otras entidades, en general, no identificadas, corporativas”, ha criticado en más de una ocasión el secretario general de la Uefa, Gianni Infantino.

En su opinión, la presencia de los TPO puede acabar influenciando demasiado en la competición y obligando a los jugadores a cambiar constantemente de equipo en función de los intereses del inversor de turno y no de los clubes o el propio futbolista.  “¿No influyen las Administraciones Públicas, que te dicen que cuando vendas a un jugador vayas entonces a hablar del aplazamiento de deudas?”, le replicó el director general de La Liga, Javier Gómez, en un acto convocado por la patronal para defender esta fuente de financiación.

“No parece procedente que el cauce formal utilizado para efectuar la prohibición del TPO sea una modificación del Reglamento General de la Rfef, cuando se ven afectadas libertades amparadas por las más altas instancias”, critica la CNMC. En este sentido, recuerda que la federación “debe atenerse al ordenamiento jurídico nacional y comunitario independientemente de las obligaciones derivadas de su adscripción a la Fifa y la Uefa”.

Sobre la citada integridad de la competición, es decir, que los inversores no puedan influir en la toma de decisiones de un club, que llegados al extremo podría verse forzado a vender a su mejor futbolista por obligación del TPO, Competencia indica: “la prohibición del TPO no acaba con otras influencias indebidas sobre la competición, como podría ser el caso de los representantes (cuyos jugadores representados compiten en equipos rivales) o de las entidades financieras (que pueden ser los principales acreedores de clubes rivales). Por ello, la necesidad de una medida tan restrictiva, así como los previsibles efectos potenciales a conseguir, es cuestionable”.

“La integridad de la competición no parece más garantizada a través de fórmulas prohibitorias sino mejorando el grado de transparencia y seguridad  jurídica de las exigencias legales ordinarias o especiales de este tipo de fondos, dentro de un proceso de evaluación del resto de mejoras a introducir en la regulación del resto de agentes implicados”, señala el informe. En este punto, recuerda que cualquier abuso de poder por parte de estos vehículos de inversión ya pueden ser denunciados ante las autoridades competentes, por lo que no suponen ningún peligro.

 

Refuerzo a la posición de La Liga en Bruselas

El informe, que concluye que prohibir los TPO “es perjudicial para el sector del fútbol”, supone un espaldarazo a la estrategia de La Liga en los tribunales. Existe una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, en la que ya se argumentó “detalladamente que esta prohibición vulnera las normas de defensa de la competencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y constituye un acuerdo económico que restringe la libertad económica de los clubes, jugadores y terceros sin ninguna justificación ni proporcionalidad”, según la patronal de clubes.

En paralelo, Doyen Sports, uno de los fondos más activos en el uso de los TPO para financiar a los clubes, ha presentado una denuncia ante el sistema de justicia nacional belga para revocar la prohibición de la Fifa. “En consonancia con la visión de La Liga, Doyen Sports cree que la prohibición de la Fifa, que entró en plena vigencia el 1 de mayo, privará a los clubes de una fuente creíble y sostenible de financiación, fomentando un mayor desequilibrio competitivo en favor de los clubes más ricos del mundo”, concluye la organización presidida por Javier Tebas.

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