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Palco23 Un total de 25 clubes que el año pasado jugaron en Primera o Segunda División disponen de once días para ponerse al corriente de pago con los jugadores si no quieren verse descendidos a Segunda B. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha desvelado que se han presentado un total de 210 reclamaciones por un montante económico que asciende a 19,14 millones de euros. Si bien se ha incrementado el número de equipos morosos respecto a los 18 de la temporada 2013-2014, lo cierto es que la deuda se ha reducido desde los 22,84 millones de euros.

Las entidades disponen ahora de unos días para presentar sus alegaciones. Éstas serán analizadas por la comisión mixta AFE-La Liga, que “resolverá la totalidad de las reclamaciones, cuantificando en los casos que proceda, las cantidades que deberán abonar los distintos clubes/SADs que las hayan recibido por impagos”, según el sindicato. Se desconoce la identidad de los clubes, más allá de que un tercio de esta deuda corresponde a los 6,8 millones de euros que el Elche CF ya ha reconocido que debe a sus futbolistas, principalmente por la prima de permanencia de la anterior campaña. Racing de Santander y Recreativo de Huelva, descendidos ya a Segunda B por deméritos deportivos, también estarían en la lista.

AFE advierte de que “el nivel de incumplimiento de pagos que los futbolistas españoles están sufriendo en el fútbol profesional sigue en escalada, siendo el número de clubes/SADs denunciados mucho mayor”. Ello, contextualizan para que se entienda por qué suben los futbolistas afectados (de 194 a 210) y baja el importe, “pese a que los salarios de los jugadores han caído alarmantemente”.

En este sentido, el sindicato advierte de que “este último factor hace que, en muchos casos, tengan que emigrar a otras competiciones donde son mejor valorados”. La Premier League ha sabido aprovechar esta situación en los últimos años, algo que los clubes de La Liga esperan remediar a partir de la próxima temporada, con la mejora de los ingresos por televisión, que pasarán de 850 millones a 1.200 millones de euros. “En un futuro próximo esperamos que esta situación pueda corregirse como consecuencia del aumento de ingresos por la venta centralizada que fue exigida por este colectivo al Gobierno”, añaden.

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