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Palco23 Fútbol Para Todos “ha cumplido un ciclo y amerita un replanteo”. Es la advertencia lanzada por 26 de los 30 clubes profesionales de fútbol de Argentina (estarían fuera River Plate y San Lorenzo, según Clarín), que quieren buscar un nuevo modelo audiovisual para crecer en ingresos. En la actualidad, las retransmisiones están en manos del Gobierno, que sólo sublicencia algunos partidos porque existe el compromiso de que todo el fútbol sea en abierto, algo que ahora podría cambiar.

Según los últimos datos disponibles, la Casa Rosada había presupuestado 1.894 millones de pesos (113,2 millones de euros) para que el actual esquema se mantenga en 2016. En estos siete años, se han destinado más de 9.000 millones de pesos (537,8 millones de euros), pero la percepción que tienen es de que podrían haber obtenido mucho más. Un hecho que lo demuestra es que han rechazado una propuesta de 2.500 millones de pesos (149,4 millones de euros) para 2017 con el nuevo formato de Superliga.

Ante la imposibilidad de pagar lo que piden, los equipos argentinos indican en una carta dirigida al Ejecutivo de Mauricio Macri que “estamos dispuestos a liberar al Estado del costo de los fondos privados de nuestro producto, toda vez que para la familia del fútbol la cifra que recibimos resulta exigua y para el Estado un importante gasto”. “Proponemos que en un breve plazo, las partes podamos disolver el vínculo que nos une, y a través de una licitación internacional, buscar oferentes privados interesados”, prosiguen.

Cabe recordar que el actual sistema audiovisual del fútbol argentino se remonta a siete años atrás, en plena etapa del kirchnerismo, cuando se decidió que todos los partidos pudieran seguirse en abierto e incluso se reservaban espacios publicitarios para propaganda de la actividad de Cristina Fernández de Kirchner.

Está por ver cómo afectará este giro de los acontecimientos en uno de los compromisos que Macri quería lograr de los clubes, como es el de atajar de raíz el problema de la violencia en los estadios. En concreto, el Ejecutivo debe hacerse cargo de “los operativos de seguridad en los estadios donde tenga competencia y colaborará con las provincias que tengan responsabilidad directa en la materia, y se ejercerá el derecho de admisión a los hinchas que sean considerados violentos o que pretendan violar las normativas vigentes en seguridad”.

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