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Palco23 El Comité Olímpico Español (COE) ha vuelto hoy a sembrar dudas sobre la viabilidad de los Juegos Mediterráneos, que debían celebrarse en Tarragona el próximo año. Su presidente, Alejandro Blanco, ha admitido hoy que la competición “quizás no sea” en 2017 y tenga que aplazarse, después de que las obras se hayan retrasado y no se haya logrado el apoyo de los patrocinadores.

“España organizará los Juegos, pero a lo mejor no en 2017″, ha insistido el dirigente, que hoy inauguraba el foro ED16 sobre la gestión de eventos deportivos. El cambio de fecha podría adoptarse ya este fin de semana, cuando está prevista la asamblea del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos.

El secretario general del COE, Víctor Sánchez, ya advirtió en junio de que la organización del evento deportivo arrojaba un “déficit de 9 millones de euros en el presupuesto operativo” porque “no ha conseguido los ingresos de patrocinio que estaban previstos. Los que entran lo hacen con escasa aportación, pese a haber sido declarado acontecimiento de especial interés. Tenemos un gobierno en funciones y no sabemos qué va a ocurrir en el futuro”, añadió.

Repsol, CaixaBank y Damm aportarán tres millones de euros cada una para figurar como socios oficiales, categoría para la que se aspira a encontrar un total de seis marcas que generen 18 millones. A ellos se les asegura un retorno de 3,4 millones, de los que 2,8 millones de euros proceden de la desgravación fiscal que concederá Hacienda al tratarse de un acontecimiento excepcional.

Por debajo están los patrocinadores oficiales como Movistar, El Corte Inglés y Borges, que pagarán 750.000 euros. Aquí es donde está el mayor problema, ya que se esperaba encontrar a diez compañías que en total aportarían 7,5 millones, con la promesa de que cada una obtendría un retorno de 1,3 millones, entre la desgravación fiscal y el impacto de marca.

En el último escalafón estarían los veinte colaboradores, que acostumbran a ser proveedores de servicios y productos, y que aportarían otros dos millones de euros, según el plan de patrocinio diseñado por Tarragona 2017. Y ahí por ahora sólo están la constructora Comsa y la empresa de transporte Plana.

Ante esta situación, la comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso aprobó el pasado martes una proposición no de ley que instaba al Gobierno a garantizar la aportación de los recursos económicos comprometidos por parte del Estado para la organización de los Juegos.

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