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Palco23 Tarragona ha vuelto a evidenciar la problemática de algunos eventos deportivos. El Comité Organizador de los Juegos Mediterráneos, que debían celebrarse en 2017 en la ciudad catalana, ha anunciado que se ve obligado a retrasar unaño la celebración de los mismos por la falta de apoyos económicos.

El alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha asegurado contar con el visto bueno del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM), con el que ha acordado el nuevo calendario: del 22 de junio al 1 de julio de 2018. Ahora, la ciudad tiene más de un año de margen para seguir buscando nuevos patrocinadores que aporten los recursos necesarios, más de los previstos ante las menores aportaciones públicas previstas.

El mayor agujero lo ha provocado el hecho de que la organización contará con que el Gobierno le aportaría 15 millones de euros. Sin embargo, el Consejo Superior de Deportes (CSD) sólo comprometió 3,4 millones de euros a través del 4,55% de la recaudación por el Impuesto sobre Actividades del Juego en las apuestas mutuas deportivas, como La Quiniela. En junio de este año, el Ejecutivo de Mariano Rajoy añadió tres millones ante la evidencia que que no se estaban consiguiendo patrocinadores.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha emitido un comunicado en el que “se congratula de esta decisión y estima que es una medida muy beneficiosa para el éxito de esta gran cita internacional. España acaba de salir en estos días de un año muy peculiar por el bloqueo institucional que ha impedido la existencia de un Gobierno estable, pese a lo cual el compromiso del Ejecutivo con los Juegos del Mediterráneo de Tarragona ha sido indudable”.

Además, recuerdan que, si bien no ha aportado directamente todo el dinero que les reclamaban, sí ha otorgado al evento la calificación de “acontecimiento de especial interés” en los Presupuestos Generales del Estado, lo que “supone que toda inversión privada destinada  a su celebración podrá acumular exenciones fiscales de hasta el 90%. Esta cantidad adicional supondrá que el Estado se convierta en el principal socio de las aportaciones económicas para los Juegos del Mediterráneo”.

El plan de negocio de Tarragona 2017 pasa por conseguir 30 millones de euros de financiación privada, de los que ni siquiera se habían conseguido la mitad. Repsol, CaixaBank y Damm apoyaron el evento con tres millones de euros cada una para figurar como socios oficiales, categoría para la que se aspira a encontrar un total de seis marcas que generen 18 millones. A ellos se les asegura un retorno de 3,4 millones, de los que 2,8 millones de euros proceden de la desgravación fiscal que concederá Hacienda al tratarse de un acontecimiento excepcional.

Por debajo están los patrocinadores oficiales como Movistar, El Corte Inglés y Borges, que pagarán 750.000 euros. Aquí es donde está el mayor problema, ya que se esperaba encontrar a diez compañías que en total aportarían 7,5 millones, con la promesa de que cada una obtendría un retorno de 1,3 millones, entre la desgravación fiscal y el impacto de marca.

En el último escalafón estarían los veinte colaboradores, que acostumbran a ser proveedores de servicios y productos, y que aportarían otros dos millones de euros, según el plan de patrocinio diseñado por Tarragona 2017. Y ahí por ahora sólo están la constructora Comsa y la empresa de transporte Plana.

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