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Marc Menchén La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha perdido su principal herramienta para presionar al Gobierno y la Liga de Fútbol Profesional (LFP). La Audiencia Nacional ha decidido aceptar las medidas cautelares que solicitó la patronal de clubes y ha suspendido la convocatoria de huelga anunciada por el colectivo de jugadores para este fin de semana.

La Liga solicitaba esta medida cautelar, alegando el grave perjuicio económico que supondría el hecho de que no se disputaran las dos últimas jornadas del campeonato; estimaban los daños en unos 50 millones de euros por fin de semana, es decir, 100 millones en total. La Sala de lo Social no ha decidido en ningún caso si la huelga es ilegal o no, aspecto que defiende la LFP, ya que esta cuestión no se dirimirá hasta el próximo 17 de junio, fecha para la que se ha fijado el juicio.

Eso sí, el presidente de la Sala de lo Social, Ricardo Bodas, señala en su auto que, “sin entrar ahora en los restantes motivos de ilegalidad de la huelga”, el análisis de algunas de las pruebas confirmarían las tesis de Javier Tebas, presidente de la LFP: la huelga sería ilegal porque se convoca sin que se haya incumplido el actual convenio colectivo. En este sentido, se indica que algunas de las pruebas “permiten adelantar un juicio provisional favorable a que algunos de los objetivos de la huelga podrían tener por finalidad la modificación del convenio colectivo vigente”.

Entre los argumentos de la Audiencia Nacional también se indica que “se ha probado que la celebración de la huelga impediría concluir el campeonato de Primera y Segunda División B en las fechas indicadas, lo que provocará un grave desorden organizativo, cuya resolución es muy difícil de resolver por los compromisos internacionales de España y de los propios clubes, así como por las propias fechas de vacaciones de los futbolistas, sin olvidar que AFE anunció que se reservaba la ampliación de los días de huelga iniciales”. “Nos permite concluir que, si no se adoptara la medida solicitada, se producirían situaciones, que impedirían o dificultarían gravemente la tutela judicial que pudiera otorgarse caso de
una eventual sentencia estimatoria”.

Para conseguir la ejecución de las medidas cautelares, los clubes ofrecieron una caución de cinco millones de euros. El sindicato de jugadores, presidido por Luis Rubiales, podrá reclamar el pago de este importe si la sentencia les acaba dando la razón y se demuestra que existía base jurídica para defender los paros convocados en protesta del nuevo reparto de ingresos por derechos de televisión en el fútbol español. AFE dispone ahora de cinco días hábiles para presentar recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por lo que es improbable que logre revertir la situación al menos para la penúltima jornada, en la que el FC Barcelona podría proclamarse ya campeón.

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