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Palco23 España se suma a la lucha de Europa contra el amaño de partidos. El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy la firma del convenio del Consejo de Europa que “persigue la lucha contra la manipulación de los resultados en las competiciones deportivas y cuya finalidad es proteger la integridad del deporte y la ética deportiva”. Un estudio del Centro Internacional para la Seguridad en el Deporte (ICSS), en colaboración con la Universidad de la Sorbona y Credit Suisse, estima que las apuestas ilegales mueven ya 452.000 millones de euros al año.

El principal objetivo de este proyecto, en el que participan el resto de principales países del Viejo Continente, son los de “prevenir, descubrir y sancionar la manipulación nacional o transnacional de las competiciones deportivas”. También busca “promover la cooperación nacional e internacional contra la manipulación de las competiciones deportivas entre las autoridades públicas afectadas y con las organizaciones activas en el ámbito del deporte y las apuestas deportivas”, según ha explicado hoy el Gobierno.

El Consejo de Europa “reconoce la importancia que reviste investigar, eficazmente y sin retrasos injustificados, los delitos cometidos en su territorio”. Además, subraya la responsabilidad que tienen organizaciones como La Liga, la Premier League, por poner un ejemplo, “de descubrir y sancionar los casos de manipulación de competiciones deportivas por parte de personas sujetas a su autoridad en virtud de una exigencia de cooperación nacional e internacional rápida y eficaz”.

La patronal de clubes de fútbol profesional hace tiempo que tiene una unidad que se encarga de monitorizar la actividad que se produce durante los partidos para evitar este tipo de situaciones. En este sentido, en más de una ocasión han echado en falta la implicación de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) para poner control en Segunda División B y Tercera División.

Las recomendaciones legislativas del Consejo de Europa para avanzar en la lucha contra los amaños van desde la “adaptación de las legislaciones de sus Estados, al objeto de que se introduzcan sistemas de alerta temprana”, la prohibición de poder apostar legalmente en en competiciones vulnerables a la corrupción, sobre todo aquellas de escasa repercusión mediática; una mayor cooperación institucional entre todas las partes implicadas, y el lanzamiento de campañas de sensibilización.

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