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Palco23 El Ayuntamiento de Madrid trata de dar carpetazo a la polémica construcción de la Caja Mágica. El consistorio gobernado por Manuela Carmena ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con FCC, por el que la constructora percibirá 7,42 millones de euros por los sobrecostes asociados a este equipamiento deportivo que se ideó en el marco de la candidatura olímpica.

Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, responsables de Cultura y Economía del Ayuntamiento, respectivamente, han explicado que el acuerdo es distinto al que esbozó el antiguo equipo municipal del PP, ya que la Administración ahora se reserva el derecho de ejercer acciones por supuestas responsabilidades políticas y administrativas en los desvíos presupuestarios de la obra. Para ello, se ha propuesto crear una comisión de investigación.

el nuevo gobierno municipal ha desvelado que el arquitecto Dominique Perrault, que se embolsó diez millones por el diseño, presentó un presupuesto de 140,5 millones, que el Ayuntamiento rebajó a 85,8 millones tras aplicar coeficientes reductores. A partir de ahí, se sucedieron las modificaciones (nuevas gradas, aparcamientos, controles de acceso, etc) que elevaron el coste a 205,8 millones, un 140% más de su precio de adjudicación.

Mayer ha indicado que el acuerdo alcanzado hoy es responsable porque el coste de ir a juicio sería mayor y ha destacado la cordialidad de las negociaciones con FCC. El importe final que cobrará la compañía es de 6,4 millones más 1,024 millones de IVA, por lo que la suma finaliza en 7,424 millones, IVA incluido.

Inaugurada en 2009 por el entonces alcalde y principal promotor de la aventura olímpica, Alberto Ruiz-Gallardón, era el estandarte de la candidatura para albergar los JJOO. Sin embargo,no se logró la sede ni para 2012, ni 2016, ni 2020, limitando su actividad al Mutua Madrid Open de tenis, que sólo se celebra una vez al año. Tiempo atrás también fue la sede del Real Madrid de baloncesto, que acabó trasladándose al Barclaycard Center, y la extinta escudería de Fórmula 1 HRT, que se liquidó sin pagar su deuda. En definitiva, limitadísimos ingresos anuales que no soportan unos costes de en torno a un millón de euros al año en seguridad, la limpieza y la jardinería.

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