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Palco23 El Comité Olímpico Internacional (COI) quiere dejar atrás, de una vez por todas, la época en la que las villas olímpicas quedan en desuso, se siembra la duda sobre la licitación de obras y se acusa a los contratistas de infringir los derechos humanos. Por ello, la organización está realizando cambios en los contratos que deberán firmar las ciudades anfitrionas a partir de 2024, con cláusulas que harán referencia a evitar todas esas circunstancias.

Las medidas se han implementado tras conversaciones con la asociación Sport and Rights Alliance (SRA), que agrupa a entidades como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y van en línea con los cambios que se proponía introducir en la Agenda Olímpica 2020. Ahora, explica, los contratos “incluyen una sección destinada a reforzar las disposiciones de protección de los derechos humanos y la lucha contra el fraude y la corrupción relacionadas con la organización de los Juegos Olímpicos”.

“El fortalecimiento de la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas son elementos clave de la Agenda Olímpica 2020. Sobre la base de estos principios, el COI está avanzando incluyendo disposiciones en el contrato de la ciudad anfitriona”, explica Thomas Bach, presidente del COI. “La organización de los Juegos Olímpicos siempre debe promover y mejorar los valores fundamentales del olimpismo”, enfatiza.

Las primeras dos candidaturas que deberán aceptar estas condiciones son las de París y Los Ángeles, que se han quedado solas en la carrera por albergar la cita estival de 2024. Ambas, en sus propuestas tendrán que incorporar ahora cláusulas para “prohibir toda forma de discriminación con respecto a un país o a una persona por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición”.

También deberán “proteger y respetar los derechos humanos y asegurar que cualquier violación de los derechos humanos sea subsanada de conformidad con los acuerdos, leyes y reglamentos internacionales aplicables en el país anfitrión y de conformidad con todos los principios y principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos”. Además, “se abstendrá de cualquier acto que implique fraude o corrupción, de manera consistente con los acuerdos internacionales, leyes y reglamentos aplicables en el país anfitrión y todas las normas anticorrupción internacionalmente reconocidas aplicables en el país anfitrión”.

A nivel de sostenibilidad, y para evitar lo sucedido en Atenas, Pekín y Río de Janeiro, el COI también pedirá “un desarrollo sostenible” y que los comités organizadores tomen “todas las medidas necesarias, cuando sea necesario, en cooperación con las autoridades de los países anfitriones y otros terceros, para garantizar que sus actividades relacionadas con la organización de los Juegos se ajusten a los acuerdos internacionales, leyes y reglamentos aplicables en el país anfitrión, en materias de planificación, construcción, protección del medio ambiente, salud y seguridad, condiciones de trabajo y de trabajo y patrimonio cultural”.

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