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M.Menchén La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se ha sumado a la lista de críticos con el Real Decreto Ley que regulará la venta centralizada de los derechos de televisión de La Liga. El organismo, dependiente del Ministerio de Economía, celebra que se hayan atendido algunas de sus recomendaciones, pero carga contra la decisión del Gobierno de dar rango de ley al “fondo de compensación contemplado para equipos que desciendan de categoría”.

Este programa de ayudas, que se nutrirá con el 3,5% de los ingresos audiovisuales, ya está en vigor a través de un acuerdo entre los propios clubes de Primera y Segunda División. Sin embargo, la CNMC considera en un documento que estas ayudas pueden “alterar el libre juego de la competencia”, ya que “los equipos que descienden de categoría ya cuentan, generalmente, con mayores ingresos y patrimonio que sus nuevos compañeros”. En caso de lograr que la venta centralizada genere unos 1.000 millones, el fondo contaría con 35 millones para ayudas.

Isco (Real Madrid) y Saúl Berjón (Eibar) pugnan por el balón.

El Eibar es uno de los clubes que se beneficiará de las ayudas al descenso.

Desde La Liga siempre se ha defendido las mismas para “suavizar” la considerable caída de ingresos que sufren los equipos que bajan de Primera a Segunda, ya que su facturación por derechos de televisión puede pasar de más de 15 millones a apenas 5 millones de euros por temporada. La CNCM, sin embargo, replica que “al mismo tiempo dificulta que otros equipos asciendan de categoría”. “De nuevo, es preciso recordar que los acuerdos horizontales deben evitar restricciones innecesarias o desproporcionadas a la competencia entre operadores para ser excepcionalmente tolerados”, añade.

Otra de las críticas del organismo es que un 25% de los ingresos que perciban los clubes se repartirá en función de su implantación social. No se queja del porcentaje, sino de que esta implantación se realice en parte según un estudio de mercado que medirá “la participación en la generación de recursos por la comercialización de retransmisiones televisivas” de cada equipo. En su opinión, este cálculo debería determinarse “exclusivamente sobre la base de criterios objetivos, verificables, como la recaudación en abonos y taquilla”.

La CNMC no frena ahí sus críticas, ya que también considera que reservar un 1% de todos los ingresos para La Liga y la Real Federación Española de Fútbol (Rfef), respectivamente, podría ser un error. “Si el volumen de ingresos audiovisuales crece porque mejora la calidad de la competición, los ingresos de estas entidades organizadoras no tienen por qué aumentar proporcionalmente”, defiende. En su argumentación, el organismo considera que “estas compensaciones podrían interpretarse como un incentivo a la pérdida de eficiencia” si no son acordes a las necesidades de los organismos, por lo que plantearía hablar más bien de importes que no de porcentajes.

Lo mismo sucede con el 1% de los ingresos que se destinará a pagar las cuotas a la Seguridad Social de deportistas de otras disciplinas y el 0,5% para asociaciones profesionales de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos. En este sentido, es el propio organismo regulador el que proponía que el Consejo Superior de Deportes (CSD) sea el encargado de gestionar esos fondos para “supervisar, asegurar la transparencia financiera del sistema y, en su caso, facilitar la corrección y sanción de los incumplimientos por parte de los órganos competentes”.

 

No al macrocrédito de La Liga para pagar a Hacienda

La CNMC también se posiciona en contra de la inclusión en el Real Decreto Ley de la posibilidad de que La Liga se endeude por los clubes para poder saldar la deuda con la Agencia Tributaria de forma inmediata, como adelantó Palco23. Esta medida, que ayudaría a que los clubes dispusieran de un calendario de pagos más laxo de lo que está permitiendo el Ministerio de Hacienda, no es bien visto por el regulador, que propone una alternativa más dura para los equipos.

“Que los ingresos obtenidos por los clubes con el reparto de los ingresos se dediquen de forma obligatoria, preferente y en un plazo perentorio a saldar dichas deudas con las Administraciones Públicas, frente a cualquier otra utilización (por ejemplo, en gastos de fichajes de nuevos jugadores)”, indica el informe. En cualquier caso, el texto aprobado por el Gobierno sí incluye la obligación de priorizar los pagos a Hacienda y Seguridad Social  una vez entren en vigor los nuevos acuerdos de televisión.

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