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M.Menchén El futuro de Rojadirecta pinta cada vez más complicado. El portal de Internet, que se ha lucrado durante años ofreciendo enlaces para el consumo ilegal de eventos deportivos, dispone de siete días para dejar de servir la opción de ver partidos de La Liga. De lo contrario, el Juzgado Mercantil número 2 de La Coruña ya ha anunciado que ordenará a los proveedores de Internet que corten el acceso a la página web.

La juez ha desestimado la caución de 10.000 euros que solicitaban los abogados de Igor Seoane, promotor de Rojadirecta, y ha ordenado el cese inmediato de las emisiones ilegales de partidos de La Liga a través de esta web atendiendo a las medidas cautelares solicitadas por Mediapro. Ahora, el portal dispone de cinco días para recurrir un auto en el que se le exige el cese inmediato por competencia desleal y no tanto por la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que según la magistrada María Salomé Martínez genera “más debate”.

Si no cumple, Telefónica, Vodafone, Orange y el resto de operadores serán requeridos para que “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a redes de telecomunicaciones o cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con Rojadirecta.me o cualquier otra página web que los demandados pudieran utilizar en iguales términos o que redireccione a dicho sitio para su acceso bloqueando o impidiendo el acceso desde el territorio nacional a dichas páginas de Internet”.

En su auto, además, entra relativamente y por primera vez en el fondo de la cuestión, dando por válido el argumento de que la página web “está actuando de forma que incurre en competencia desleal”, ya que “no solo facilita el acceso a los contenidos alojados en las páginas web indexadas”, sino que “aprovecha esta actividad para incluir publicidad” y eso supondría “un peligro económico de gran entidad” para los actuales propietarios de los derechos audiovisuales.

En este sentido, la decisión del juez, a la que ha tenido acceso Palco23, indica que  Rojadirecta no puede eludir su responsabilidad asegurando que sólo ofrece enlaces, ya que la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre Google y el derecho al olvido establece que “es pacífico señalar que la actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión de datos en la medida que facilita el acceso a todo internauta que lleve a cabo una búsqueda. El gestor determina los fines y medios de este tratamiento”.

Sorprende la tardanza de la Justicia en todo este proceso, ya que fue en junio cuando ya ordenó el cese temporal e inmediato de Rojadirecta a la espera de evaluar si realmente estaba cometiendo un delito. Movistar+ y Mediapro apremiaron la semana pasada al juez para que cortara el acceso definitivo a la página antes de que se celebrará el partido entre Real Madrid y FC Barcelona, aunque ello no sucedió y miles de personas pudieron volver a ver El Clásico sin pagar.

El perjuicio no es menor, ya que un informe de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos eleva el impacto de la piratería en el fútbol español a 227 millones de euros sólo en 2014. El trabajo, elaborado por la consultora internacional GfK, señala que durante el pasado año se visualizaron de forma ilegal un total de 139 millones de fútbol en más de 1,8 millones de hogares en España. El valor de mercado de todas estas retransmisiones supera los 509 millones de euros, pero GfK rebaja la pérdida de ingresos a 227 millones porque, según sus estimaciones, sólo el 44,6% estaría dispuesto a consumir contenidos de forma ilegal y suscribirse a una plataforma de pago.

Mediapro ha destacado en un comunicado “la importancia de estas dos decisiones judiciales al sentar un importante precedente y ser un valioso primer paso en la lucha contra la piratería y las emisiones ilegales de cometidos protegidos”. En Inglaterra la lucha contra esta actividad es mucho más fuerte, en Francia ya se ha conseguido que Rojadirecta no pueda ofrecer partidos de la Ligue-1 y la semana pasada también se ordenó su cese inmediato en Italia tras una denuncia de Mediaset.

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