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Marc Menchén A Sandro Rosell se le acumulan los procesos judiciales vinculados a su etapa en la presidencia del FC Barcelona. Mediapro ha presentado una demanda contra el expresidente blaugrana y el propio club por espionaje industrial entre 2009 y 2011. La trama gira en torno a Robert Cama, responsable de IT de Mediapro durante diez años y que fue despedido en 2011 tras confesar que había filtrado cientos de correos electrónicos pertenecientes a Jaume Roures.

Mediapro ha aportado al juez pruebas que “demuestran claramente” que el extrabajador, que llevaba diez años en la casa, “estuvo accediendo de forma deliberada y sistemática a los correos electrónicos recibidos y enviados por Jaume Roures”. Por ello, se le atribuye “un delito continuado de revelación de secreto empresarial, contra la intimidad de Roures y de hurto agravado”. La querella, presentada en los juzgados de instrucción, se dirige contra Cama, Rosell y el Barça, pero también se extiende a Joan Carles Raventós, director de secciones del club; Socktel Servicios Informáticos, instrumental de Cama para cobrar por estos servicios, y Bonus Sport Marketing (BSM), la agencia a través de la que el expresidente canalizaba sus negocios en la industria del deporte y que teóricamente vendió al ganar las elecciones.

Cama se incorporó al Barça como responsable de tecnologías de la información apenas dos meses después, y pese a que Roures advirtió de lo que había sucedido e incluso advertido a Rosell de que sabía que le había espiado. Este fichaje, según el líder de Mediapro, puede atribuirse a que el exmandatario optó porque fuera el Barça quien le pagara y no él, como había estado haciendo en su etapa de candidato. Según sus informaciones, BSM le pagó 60.000 euros y después el club le pagó 75.000 euros por servicios, antes de que les reclamara un contrato de seis años por 185.000 euros.

 

“El club es víctima y coautor”, ha asegurado Roures, quien ha animado a la entidad a sumarse a la querella porque antes de ser presidente Rosell estuvo accediendo a correos electrónicos que afectaban a empleados del club, como el director general, miembros de la junta o entrenadores. Aunque no sabe si también se beneficiaron del espionaje, el empresario también ha indicado que el actual presidente, Josep Maria Bartomeu, y el ex vicepresidente económico Javier Faus han sido conocedores de estas circunstancias.

Además, Roures ha denunciado que Cama realizó gastos de 60.000 euros a cargo de Mediapro, como televisores y dispositivos móviles de la marca Apple que han desaparecido, y que Roures ha vinculado al equipamiento que el exempleado instaló en una de las segundas residencias de Rosell. También le ha acusado de disponer en su ordenador de miles de vídeos de contenido pornográfico.

Según el grupo audiovisual, “el espionaje efectuado” afectó a prácticamente todos los ámbitos, “prestando especial atención a la información referida a negociaciones con entidades financieras, litigios mantenidos en ese momento por Mediapro, el concurso de acreedores que declaró la sociedad, las negociaciones relativas a contratos de derechos audiovisuales, así como a trabajos publicitarios o aspectos relativos a los negocios televisivos del grupo”.

Esto quiere decir que Rosell accedió a todas las conversaciones y los documentos que Roures intercambiaba con abogados y entidades financieras, pero también con el propio club antes de que él accediera a la presidencia. Además, desde BSM se requirió información de los contratos de Mediapro con algunos patrocinadores, por lo que también buscaba lucrarse con sus negocios. Aún así, “no consiguió estropearnos ningún proyecto”, ha dicho.

Por esta razón, Mediapro ha animado al bufete Garrigues, marcas afectadas y personas como Ferran Soriano, Joan Laporta, Pep Guardiola y representantes de jugadores a que se sumen a la querella. “No es una cuestión de negocios, es cuestión de vicio, de ser miserable”, ha criticado Roures, quien ha querido desvincular la demanda del hecho de que hace un año el Barça rompiera con Mediapro y vendiera sus derechos de televisión a Telefónica. De hecho, aseguran que se ha retrasado hacer pública esta situación durante tanto tiempo a la espera de que se resolviera los litigios del fútbol con Prisa.

Este litigio se suma al que se sigue en la Audiencia Nacional y los juzgados de Barcelona por presuntas irregularidades en el fichaje de Neymar. En este caso, el fondo de inversión DIS acusa a la entidad y al padre del jugador de haber ocultado el precio real del traspaso, mientras que la Fiscalía y la Agencia Tributaria consideran que no se tributó correctamente.

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