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Palco23 La Fiscalía de Álava ha pedido ocho años de cárcel y una multa conjunta de 914.000 euros a Joan Villadelprat y Mark Payne, a los que acusa de un delito societario y otro de insolvencia punible en la quiebra de la quebrada escudería Epsilon. Se trata de un proyecto de mediados de la década anterior, en la que el Gobierno vasco invirtió más de 48 millones de euros de dinero público sin éxito.

Con la presentación de la calificación de los hechos por parte de la Fiscalía, está ya más próxima la celebración del juicio penal por este caso. Por la vía civil, Villadelprat ya fue condenado en 2013 por un juzgado de Vitoria a pagar 900.000 euros, al considerar que fue el único responsable de la liquidación de esta empresa.

Joan Villadelprat trabajó en escuderías como Ferrari antes de impulsar Epsilon en 2002.

Joan Villadelprat trabajó en escuderías como Ferrari antes de impulsar Epsilon en 2002.

Tanto a Villadelprat como a Payne se les acusa de “sacar de manera fraudulenta” la rama de competición, que era “el pilar” y el “alma mater” de Epsilon, sociedad financiada en su mayor parte por fondos públicos del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno Vasco, las diputaciones de Álava y Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Vitoria y el Parque Tecnológico de Álava.

El principal argumento del fiscal para pedir estas penas es que ambos eran conocedores de la situación de insolvencia de Epsilon, y pese a ello Payne creó en  2011 una nueva escudería, Epic Racing. Ésta compró a Epsilon todos sus activos vinculados a la competición automovilística por sólo 200.000 euros, cuando éstos suponían el 80% del patrimonio de la empresa y su valor se situaba en 1,09 millones de euros, según un informe pericial. La cuestión se agrava cuando, según el fiscal, los 200.000 euros “nunca se llegaron a abonar”.

La venta de los activos se realizó un mes después de que Epsilon se acogiera al preconcurso de acreedores para renegociar sus deudas. Es decir, que ambos sabían que traspasar los activos suponía vaciar a la escudería de “contenido empresarial” y eliminaban “las legítimas expectativas de cobro de sus acreedores”. “Esta disposición patrimonial maquinada por ambos acusados agravó sobremanera la situación de insolvencia” de Epsilon, concluye la Fiscalía.

Por todo ello, el Ministerio Público considera a Villadelprat y a Payne coautores de un delito de societario por el que pide dos años de prisión para cada uno, así como su inhabilitación durante este mismo tiempo para administrar o representar a empresas. Además, les imputa un delito de insolvencia punible, a Villadelprat como autor y a Payne como cooperador necesario, y reclama para cada uno seis años de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros. Subsidiariamente solicita que se les condene por un delito de alzamiento de bienes a 4 años de cárcel y a la misma multa. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil pide que indemnicen conjuntamente a Epsilon con 899.263 euros por los perjuicios económicos causados.

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