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Palco23 Los profesionales del deporte en Catalunya podrían verse próximamente en una nueva situación de inseguridad jurídica, a cuenta de los encontronazos entre el Gobierno y la Generalitat. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, en funciones desde hace varias semanas, ha anunciado hoy que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley Catalana de Ejercicio de las Profesiones del Deporte.

En su opinión, el texto legislativo modificado el año pasado “vulnera la unidad de mercado” y “excede las competencias” del gobierno autonómico “para firmar acuerdos internacionales”. Según ha explicado hoy la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, el Consejo de Ministros también ha decidido solicitar al Alto Tribunal “que suspenda cautelarmente la aplicación de la ley si la admite a trámite”. El plazo para poder recurrir la norma terminaba este mes de febrero.

La alto cargo del Gobierno ha indicado que las normativas aprobadas por Extremadura y La Rioja presentaban problemas similares, pero que con estas comunidades autónomas se han podido alcanzar acuerdos para modificar los textos y evitar su recurso ante el Constitucional.

En el caso de la normativa catalana, la negociación ha sido “infructuosa” según el Gobierno porque no se ha conseguido la modificación de determinados preceptos. Entre ellos, denuncia la Administración Central, los que incluyen “diversas obligaciones de inscripción registral que entran en conflicto con las competencias estatales y afectan a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado”.

Dicha Ley establece la obligatoriedad de inscripción a los profesionales que quieran ejercer su actividad profesional en Catalunya, sin que queden exentos de esta obligatoriedad los profesionales ya inscritos en otra parte del territorio nacional. Este artículo, según el recurso, “vulnera la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que recoge el principio de eficacia nacional, derivado de la normativa comunitaria, que garantiza el acceso y el ejercicio de todas las actividades económicas en condiciones de mercado por parte de operadores ya establecidos legalmente en cualquier parte del territorio nacional, sin que pueda exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos requisitos u otros trámites adicionales”. Esto es aplicable a los profesionales del deporte a los que se refiere la Ley que ahora se recurre.

Del mismo modo, prosiguen, la Ley incurre en otro exceso competencial en la materia, dada la ausencia de competencia de Catalunya para “celebrar por sí misma convenios y acuerdos internacionales de equiparación de profesiones y competencias mínimas con otros registros de profesionales del deporte de otros Estados miembros de la Unión Europea, o con otros sujetos internacionales, pues la misma queda reservada al Estado con carácter exclusivo”.

La Generalitat no ha tardado en responder al Gobierno, calificando de “nueva agresión” esta impugnación y advirtiendo de que van a mantener operativo el registro de inscripción. La respuesta definitiva se dará el lunes, para lo que se ha convocado una reunión con “las principales federaciones catalanas afectadas” para “analizar conjuntamente las consecuencias de esta decisión”.

Gerard Figueras, secretario general del Deporte de la Generalitat, se ha mostrado sorprendido porque asegura que en la comisión bilateral “habíamos planteado un texto que parecía que podía satisfacer las inquietudes del Gobierno hacia la Ley; nos sorprendió hace días ver un cambio de actitud respecto a lo que hablamos”.

Además, ha defendido que el hecho de explicitar la potestad de firmar acuerdos entre el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Catalunya y otros registros europeos es “para facilitar también a los profesionales no españoles que puedan ejercer” en la comunidad autónoma. En este sentido, el alto cargo ha asegurado que velará para garantizar “la seguridad jurídica y el normal desarrollo del ejercicio profesional”, y que trabajará para “buscar la fórmula jurídica para continuar con el proceso de inscripción en el registro, manteniendo el espíritu inicial de la Ley de combatir el intrusismo laboral en este ámbito”.

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