La Justicia europea anula la sanción de 23 millones al Valencia CF por presuntas ayudas de Estado

Respiro económico para el fútbol valenciano. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha anulado la decisión de la Comisión Europea (CE) de 2016, en la que imponía importantes pagos a varios clubes por haber recibido presuntamente ayudas de Estado. De esta manera, el Valencia CF y el Elche CF podrán levantar las provisiones realizadas anteriormente, pues inicialmente debían devolver 20,4 millones y 3,7 millones de euros, respectivamente.

La sanción respondía a que Competencia consideraba que se beneficiaron de condiciones favorables con las garantías y préstamos que les concedió del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en plena crisis económica. La corte europea considera que el argumentario de Bruselas contiene “varios errores manifiestos de apreciación”, como dar por hecho que ninguna otra entidad bancaria habría concedido avales a estas entidades deportivas.

La decisión ahonda en este aspecto, al añadir que la CE tampoco tuvo en cuenta si “resultaba manifiesto que el Valencia CF no habría obtenido facilidades comparables de un operador privado”, en lugar de la agencia de crédito de la Generalitat valenciana. Dicho de otro modo, “no respaldó suficientemente su afirmación de que no existía un precio de mercado para un préstamo similar no avalado”.

Este es el punto clave del caso, pues la ayuda de Estado se manifestaba en el presunto hecho de que la Administración intervino porque el propio mercado no habría atendido a las necesidades financieras del equipo controlado hoy por Peter Lim. Además, considera “inexacto” el cálculo del importe que debería haber devuelto la entidad en caso de dar por buena su interpretación de los hechos.

Por lo que respecta al Elche CF, Tgue atribuye el error de Bruselas al hecho de “no tomar en consideración la situación económica y financiera de la fundación prestataria vinculada al Elche CF, la Fundación Elche”, ya que era realmente la beneficiaria de los avales que concedió el IVF y por los que en su momento acabó asumiendo la mayoría accionarial.

Tras un litigio de más de cuatro años, la CE dispone de dos meses y diez días para presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE para contestar la anulación de las sanciones.