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Palco23 La junta directiva de Juan Anguix poco a poco va tomando el mando del Elche CF. Los nuevos dirigentes se han puesto manos a la obra y en los próximos días confían en alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria para abonar una parte de la deuda y acordar un nuevo calendario de pagos para los siete millones de euros que le debe, de los 4,39 millones se encuentran en período ejecutivo y deben liquidarse.

Ramón Villaverde, nuevo consejero del club, ha querido recordar que “en modo alguno existía ayer la obligación de pagar la deuda” con Hacienda, sino que lo único que vencía era el plazo para responder al expediente abierto por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) después de que se le notificara que no está al corriente de pago con la Administración. Estos retrasos y otras irregularidades, ya provocaron expedientes contra el anterior consejo e incluso su inhabilitación,con el riesgo de que el cúmulo de sanciones disciplinarias hicieran pensar en un descenso administrativo.

“Vamos a cumplir en tiempo y plazo”, ha enfatizado, tras recordar que los estatutos de la LFP permiten que este año el plazo para demostrar que no hay deudas pendientes con jugadores, clubes y Administración es finales de julio, antes de que se abra el período de inscripción para la siguiente temporada.

Una de las claves en la negociación con Hacienda y la Seguridad Social es la presentación de un aval de cinco millones de euros para hacer frente a los pagos. En este sentido, Villaverde ha recordado que en los próximos días se iniciará la ampliación de capital por 14 millones de euros que anunció Anguix para solventar los problemas del Elche CF, que debe restablecer su patrimonio neto y obtener liquidez para liquidar pagos.

Los nuevos dirigentes han puesto en marcha una due dilligence para conocer el estado real de las finanzas del club, que en los terrenos de juego ya se ha garantizado la permanencia en Primera División de forma matemática. El expresidente José Sepulcre solicitó en su día el preconcurso de acreedores para renegociar una deuda que superaba los 20 millones de euros, y que principalmente afectaba a los jugadores, la Administración y las empresas que participaron en la remodelación del estadio Martínez Valero.

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