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Palco23 El fútbol español tiene por fin una árbitro en la máxima categoría. Al menos, de forma circunstancial. A apenas tres semanas para que arranque La Liga, la jueza Eva María Alfageme es la encargada de dirimir si el juez único de disciplina social de la patronal actuó correctamente al decretar el descenso administrativo del Elche CF a Segunda División. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ratificó esta decisión, pero el club ilicitano ha acudido a la justicia ordinaria para mantenerse en Primera. El Juzgado Central Contencioso Administrativo número 9 de la Audiencia Nacional decidirá hoy si concede la suspensión cautelar de la sanción, lo que enviaría al SD Eibar de nuevo a Segunda.

Como la jueza no se pronunciará hoy sobre el fondo de la cuestión, el conjunto armero ya ha avisado de que solicitará una caución de 18 millones de euros. Este importe debería ser avalado por el Elche si se le concede la cautelar, ya que es el importe que su rival en el terreno de juego y ahora en los juzgados cree que dejaría de ingresar si pierde la categoría por la ejecución de las medidas cautelares y después queda probado que el conjunto ilicitano fue descendido correctamente.

Si Alfageme da por buena esta petición del Eibar, de poco le serviría al Elche obtener la medida cautelar y disputar la Liga BBVA en la temporada 2015-2016, ya que difícilmente podría reunir ese dinero en tan poco tiempo. De hecho, ya está sufriendo para encontrar los 6,8  millones que debe pagar a sus jugadores antes del 31 de julio. Más allá ha ido la Abogacía del Estado, que representaba al TAD, elevando esa caución a los 79 millones de euros, que son las pérdidas que el club ilicitano estima que sufriría por perder la categoría.

En la vista en la Audiencia Nacional, los representantes del Elche CF, apoyados por el abogado de KPMG, José Marí, han vuelto a defender que la sanción es desproporcionada y supone “la muerte del club” ante la inviabilidad de hacer frente a los pagos que tiene pendientes con la fuerte reducción de ingresos por televisión que sufrirá al pasar de Primera a Segunda División. Y no es una cuestión menor, ya que antes del 31 de julio debe pagar 6,8 millones a los futbolistas o negociar un aplazamiento si no quiere verse condenado a Segunda B.

También han insistido en un supuesto trato discriminatorio por parte de La Liga, extremo que querían probar con todos los certificados positivos conforme los clubes de Primera y Segunda estaban al corriente de pago Hacienda, prueba denegada por la juez, en principio alegando motivos de confidencialidad.

El abogado del Estado, por su parte, ha recordado que “una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) puede conseguir otros medios de financiación, adquirir múltiples sistemas para subsanar la disminución de ingresos durante su estancia en Segunda división”. En otras palabras, que los actuales accionistas, socios, aficionados y empresarios locales podrían suplir esa merma de ingresos para mantener vivo al club, como de hecho pretende conseguirse con la ampliación de capital por 14 millones de euros, de cuya evolución no se han ofrecido datos.

La contundencia con la que se ha expresado el abogado del Estado, según las agencias de noticias presentes en la sala, ha alcanzado su punto alto cuando ha sentenciado: “El Elche ha disfrutado de un incumplimiento, no pagar a Hacienda, y, de esta forma, ha disfrutado de una ventaja económica y competitiva indebida; deudores de la Hacienda Pública somos todos. Incumplidores, no”.

La Liga, por su parte, ha insistido a través de su letrada en que “no es cierto que la justicia esté actuando de forma discriminatoria con el Elche”. Además, ha recordado que si el club ilicitano ha llegado a ese punto de colapso económico no ha sido por culpa de agentes externos, sino de su propio consejo de administración, especialmente cuando el mismo estuvo bajo la presidencia de José Sepulcre.

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