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Palco23 El proceso judicial contra Manuel Ruiz de Lopera sigue adelante. La Audiencia de Sevilla ha determinado la apertura de juicio para el expresidente del Real Betis y otros siete acusados por la descapitalización de la entidad en beneficio de las sociedades controladas por el dirigente andaluz. Según los peritos, el perjuicio ocasionado para el club de Primera División estaría en torno a los 24,9 millones de euros.

Para causar ese daño a las arcas verdiblancas, siempre según los investigadores, Lopera “diseñó, en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio”, las operaciones que le llevaron a obtener a través de Farusa, empresa de su propiedad, la mayoría absoluta del capital social a pesar de no desembolsar un importante paquete de acciones.

Tras conseguir el poder de decisión, Lopera “decidió gestionar privadamente los recursos de la actividad deportiva del club, privando al resto de los accionistas del conocimiento sobre dicha gestión”, según dijo la juez Mercedes Alaya, que instruyó el caso, y mantuvo la Audiencia. Para ello, según los investigadores, el dirigente cedió a otra de sus empresas, Tegasa, todos los ingresos que percibiera el Betis derivados de su actividad deportiva a cambio de una cantidad fija o variable, en función de la temporada.

Los magistrados de esta Sala consideran que la instrucción de este proceso ha concluido, ya no es necesario practicar nuevas diligencias ni dar marcha atrás al proceso, y han ratificado los procesamientos de los 8 imputados por todos estos delitos. Además de Javier Páez Ruiz, Ana María Ruiz Peña y Ángel Guillermo Marín Vega, entre los implicados estaría Luis Oliver Albesa, quien ya ha iniciado los trámites para hacer efectiva la compra de las acciones de Farusa para convertirse en el máximo accionista del Betis.

En el auto notificado esta semana, la Audiencia pide a las cinco acusaciones y las ocho defensas que presenten la calificación jurídica en la que señalen los posibles delitos y la pena que solicitan. A partir de ahora, otra sección de la Audiencia será la que juzgue a los imputados y determine si hay delitos prescritos y si existe o no el denominado delito masa, una modalidad agravada del delito continuado. No es una cuestión baladí, ya que ello podría afectar a la venta de las acciones de Lopera a Oliver y provocar cambios en el control de la propiedad.

El acuerdo de la Audiencia para enjuiciar a Lopera y a los otros imputados se solicitó por la Fiscalía, el Real Betis Balompié SAD, la Asociación Por Nuestro Betis, la Asociación Liga de Juristas Béticos y la Asociación Béticos por el Villamarín.

 

Incidencia en la próxima junta de accionistas

Lo que sucede en los juzgados no deja de tener incidencia directa en el futuro del Betis, que el próximo 23 de septiembre celebra una junta de accionistas en la que se designará un nuevo consejo de administración. Manuel Castaño, vinculado a las anteriores etapas de gestión de Lopera, ha presentado candidatura con el objetivo de obtener el apoyo del 29% del capital social, incluido un 19% de las acciones de Farusa que no se han visto afectadas por el proceso judicial. De hecho, en su presentación ayer dejó claro que contará con las opiniones del expresidente ahora enjuiciado.

El problema reside en el hecho de que, si se diese el caso de que alcanza la presidencia gracias al apoyo de Farusa, podría verse igualmente a abandonar el cargo si en el juicio previsto para la primera mitad de 2016 se sentencia que la sociedad de Lopera y que Oliver considera que es de su propiedad defraudó para alzarse con el 51% de las acciones durante el proceso de conversión del Betis en sociedad anónima deportiva (SAD) en 1992.

Otra de las plataformas alternativas que buscará el apoyo de los socios minoritarios en la próxima junta es la formada por Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que en conjunto ya tendrían asegurado en torno a un 5% de las acciones. Ambos han formado parte del consejo de administración que tomó las riendas durante el concurso de acreedores y que han devuelto al club a la viabilidad.

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