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Palco23 La Fiscalía de Sevilla ha solicitado tres años de prisión contra el expresidente del Real Betis, Manuel Ruiz de Lopera, por un delito de apropiación indebida en su gestión en el club. La pena se rebajaría a dos años si el juez estima que el delito es de administración desleal. En cualquier caso, también exige que el empresario compense económicamente al club, que ayer aprobó en junta de accionistas iniciar una nueva era a la espera de conocer el futuro de las acciones de Lopera.

En el escrito de calificación, difundido por la agencia Efe, el Ministerio Fiscal exige una multa equivalente a diez euros diarios durante nueve meses, el pago de las costas y la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos. En total, la indemnización para el Betis ascendería a un total de 3,6 millones de euros, cantidad de la que también deberían responder las encausadas María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro.

No obstante, y aquí surge un punto importante, la Fiscalía solicita que el resto de los acusados no asuman ninguna responsabilidad penal por los hechos que se juzgan. En otras palabras, el ex consejero delegado Luis Oliver podría estar un poco más cerca de hacerse con el control del 51% del club que acordó comprar a Lopera, una transacción que quedó paralizada por todo este proceso judicial.

Para causar ese daño a las arcas verdiblancas, siempre según los investigadores, Lopera “diseñó, en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio”, las operaciones que le llevaron a obtener a través de Farusa, empresa de su propiedad, la mayoría absoluta del capital social a pesar de no desembolsar un importante paquete de acciones.

El problema reside ahora en analizar si el delito a prescrito o no, al tiempo que se espera a que se levante definitivamente el embargo que pesa sobre un paquete de acciones del expresidente. La Sala I de la Audiencia Provincial de Sevilla levantó, con efectos del 31 de julio, las medidas cautelares que pesaban sobre las acciones del expresidente del club, propietario histórico del 51% de las acciones.

Sin embargo, el Juzgado Mercantil número 1 de la ciudad suspendió a finales de ese mismo mes los derechos políticos del 31,38% que controla Farusa. El motivo no era otra que evitar un cambio sobre el control del club hasta que se esclareciera si Lopera realmente se hizo con el control del club sin desembolsar una parte importante del dinero, por lo que ese paquete restará bajo administración judicial hasta que salga la sentencia. El 19,9% restante sí está en manos del expresidente.

Lo enrevesado del asunto no termina ahí, ya que Bitton Sport, sociedad de Oliver, aseguraba en julio en un comunicado que la resolución judicial le permite ser “propietaria en pleno dominio de un paquete de acciones compuesto por cincuenta y nueve mil novecientas veinticinco (59.925)”. La decisión del Mercantil rebaja el número de acciones a más de la mitad, al 19% citado, pero se desconoce si el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha aceptado la solicitud. Oliver, por su parte, argumenta que la compraventa de los títulos se escrituró el 6 de junio de 2010, mientras que la prohibición de disponer de las acciones del Betis a Lopera se impuso el 10 de julio de ese mismo año.

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