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Palco23 La operación urbanística que debía permitir al Atlético de Madrid disponer de un nuevo estadio va camino de enquistarse, y ya no sólo por los frenazos judiciales que se están produciendo. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, ha afirmado hoy en la comisión del ramo que “es una vía a explorar” que “no se cierre el traslado” del club a La Peineta. Ello, pese a ser consciente de la millonaria indemnización a la que tendría derecho la entidad si se revierte el acuerdo.

“Es una vía a explorar cómo dar solución a esta situación”, ha declarado el edil, después de que la concejala socialista Mercedes González haya recordado que el convenio patrimonial en 2008 puede ejecutarse o no. Eso sí, “si no se va tendremos que indemnizarlos”, ha admitido. Además, incluso ha asegurado que algunos puntos del acuerdo incluso serían “discutibles”.

El problema de todo este proyecto reside en que la Justicia, de momento, está fallando en contra del club en todos los procesos iniciados por distintas asociaciones frente a esta operación. La misma consistía en recalificar los terrenos donde se levanta el estadio Vicente Calderón y la antigua fábrica de Mahou, de manera que la constructora FCC pudiera allí construir viviendas y oficinas.

A cambio, la compañía asumía la finalización de las obras de un estadio que se ideó en vistas a albergar unos Juegos Olímpicos. Por su parte, el Consistorio conseguía el soterramiento del tramo de la M-30 en el nudo Sur que aún discurre en superficie. Precisamente el que pasa por debajo del Calderón. Esa obra la paga el Atlético.

Esta batería de declaraciones realizadas durante el día de hoy se producen apenas 24 horas después de que la Seccion primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimara los recursos de súplica interpuestos por Mahou y el Atlético de Madrid contra un auto del 27 de julio de 2015. En él se ordenaba la paralización cautelar del Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI) de desarrollo del Área de Planeamiento Remitido (APR) 02.21 Mahou-Calderón, conocida como Operación Calderón.

La instancia judicial argumenta que el PPRI se basa en un planeamiento urbanístico anulado con anterioridad, una modificación puntual del plan general de ordenación urbana de Madrid. Además, añade que de no adoptar las cautelares podría darse el caso de que se finalizaran las obras antes de que se pronunciara sobre el fondo de la cuestión y por lo tanto no se estaría asegurando la efectividad de la sentencia.

Ecologistas en Acción denuncia que este plan parcial desarrolla una modificación puntual del plan general de ordenación urbana de Madrid, aprobado en 2009, y que ya ha sido objeto de anulación por medio de dos sentencias, en 2012 y en 2015, por permitir la construcción de edificaciones de más de tres alturas.

En 2013, un año antes de la aprobación del nuevo plan urbanístico, el Gobierno de la Comunidad de Madrid modificó la ley de suelo para establecer que la limitación de cuatro alturas que fija una ley de 2007 no sería aplicable a las parcelas que estuvieran clasificadas como urbanas “antes de la entrada en vigor de la ley [2007], ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que lo afecten”.

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