Clubes

La Agencia Tributaria reclama 10 millones al Sevilla FC por los pagos a agentes

Marc Menchén

23 nov 2016 - 05:00

El Sevilla FC tampoco saldrá indemne de la nueva línea de investigación que ha abierto Hacienda contra el fútbol español. Según ha podido saber Palco23, la entidad ha decidido provisionar 10 millones de euros en el ejercicio 2015-2016, con el objetivo de cubrirse ante las posibles sanciones pueda recibir tras las actas abiertas por la relación con los agentes de futbolistas.

 

Expertos fiscalistas llevaban tiempo advirtiendo de que los inspectores habían empezado a poner en cuestión la actual forma de trabajar, consistente en que los clubs asumían determinados pagos a los representantes de los jugadores para tributar por IVA. Por contra, los inspectores consideran que, en realidad, es un pago que deben realizar los deportistas, en tanto que clientes. Es decir, que esos pagos deberían tributar por IRPF y asumir una mayor presión fiscal, aunque el pagador sea la entidad.

 

Sevilla FC José Castro Recurso 2016 650
José Castro, presidente del Sevilla FC, en una comparecencia el pasado mes de agosto. /Sevilla FC

 

"La Agencia Tributaria ha expresado a la Sociedad su discrepancia respecto a la forma en que se están liquidando los impuestos asociados al pago a agentes de jugadores", constata el club en su memoria anual. En este sentido, recalca que no es una problemática exclusivamente suya, ya que la tributación que ha venido aplicando "concuerda con la que han realizado el resto de los clubes de fútbol españoles hasta ahora y que no había sido cuestionada

 

Los 10 millones corresponden a la estimación que hace la dirección, encabezada por José María Cruz, en el caso de que el criterio de Hacienda fuese el que prevaleciera. No obstante, ya avanzan que su intención es "defender las liquidaciones efectuadas ante las correspondientes instancias administrativas y, en su caso, judiciales".

 

Las actas hacen referencia a los últimos cuatro ejercicios por el Impuesto de Sociedades, IVA, IRPF e IRNR, que afecta a la renta de no residentes, según consta en las cuentas anuales que se someterán a votación el próximo 19 de diciembre en primera convocatoria. En las mismas se evidencia que el club no tiene deudas aplazadas con la Administración.

 

Anteriormente, la Administración ya inutilizó de facto la fórmula por la que que los futbolistas podían cobrar el 15% de su salario en concepto de derechos de imagen, poniendo en cuestión que ellos cedieran estos derechos a mercantiles sin percibir ningún importe a cambio. Ello ha provocado que la entidad hispalense no realizara ningún pago bajo esta fórmula en 2015-2016, cuando el curso anterior abonó 670.000 euros y en 2013-2014 unos 1,1 millones.

 

Pese a esta contingencia, el Sevilla FC cerró la última temporada con unas ganancias de 15,6 millones, que prácticamente doblan las obtenidas en 2014-2015. Los ingresos ordinarios alcanzaron los 120,5 millones de euros, rebasando por primera vez el techo de los cien millones sin necesidad de las plusvalías por traspasos, que en 2015-2016 representaron 42,5 millones, un 14% más.

 

 

 

Del contencioso con la CNMC, a la disputa con Trochowski

 

Durante el curso pasado, el club ha podido poner fin a otros contenciosos que tenía encima de la mesa y que han permitido revertir parte de las dotaciones que en su momento hizo. Por este concepto, se han anotado unos ingresos atípicos de 3,5 millones de euros que no estaban contemplados.

 

Por un lado, se han tenido que abonar finalmente 2,1 millones de euros al alemán Piotr Trochowski, que llegó libre al Sánchez Pizjuán en la temporada 2011-2012 y al que se le rescindió el contrato cuando se lesionó gravemente la rodilla a finales de 2012. El futbolista reclamaba 4,7 millones de indemnización, cifra que se ha podido rebajar tras haber alcanzado un acuerdo con él.

 

Por el otro, el Sevilla ha podido revertir los 900.000 euros que dotó tras la sanción que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por la venta de sus derechos audiovisuales a Mediapro. En mayo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) dio la razón al conjunto hispalense.