El RC Celta tasa el 100% de sus acciones en 75 millones de euros

“Si es por los números contables, puede estar en 200 euros por acción”, aseguró ayer Carlos Mouriño, presidente y máximo accionista del RC Celta, sobre cuál sería hoy la valoración de unos títulos que nominalmente costarían 10 euros. Dicho de otra forma, cualquier inversor debería ofrecer un mínimo de 75,4 millones de euros para hacerse con el 100% de las acciones del conjunto vigués, cuya junta de accionistas avaló ayer por mayoría las cuentas de 2017-2018 y el presupuesto para el año en curso.

El 99,89% del capital presente en la votación (más del 58% corresponde a Mouriño) aprobó la liquidación de un ejercicio en el que los ingresos ordinarios fueron de 62 millones de euros y el beneficio neto se redujo casi a la mitad, con 12,98 millones de euros. Esta caída de las ganancias se debió tanto a los menores ingresos por competiciones, pues no disputó la Europa League como en el curso anterior, y también a las menores plusvalías por traspasos, que pasaron de 17,19 millones a 12,29 millones de euros.

La junta respaldó también con un 99,85% de avales el presupuesto de 2018-2019, en el que se espera una facturación de 72 millones de euros y que el beneficio se contraiga una vez más, hasta seis millones de euros. “Los resultados mejoran las previsiones iniciales”, señaló la directora financiera, María José Herbón, sobre lo sucedido en el último curso y lo que podría volver a producirse en función de cómo evolucione el primer equipo.

El consejo de administración quiso enfatizar la sostenibilidad de un proyecto que en los últimos seis años ha generado beneficios de forma recurrente, con unas ganancias acumuladas de cerca de 70 millones de euros entre 2012-2013 y 2017-2018. En este periodo se ha resuelto la situación de fondos propios negativos, se ha dejado prácticamente a cero la deuda neta y se ha avanzado en el futuro patrimonial.

Tras la inauguración de la nueva sede, el Celta aún tiene pendiente completar la remodelación de Balaídos y la construcción de la ciudad deportiva, frenada por una comunidad de montes, dos proyectos sujetos a la financiación y la obtención de permisos por parte de la Administración. “Lo que tratamos de evitar es que nos metan en esa pelea enorme que tiene el alcalde. Nos quieren meter en esa guerra con la Xunta y nosotros no queremos”, criticó ayer Mouriño, sobre las consecuencias que ese conflicto entre partidos políticos está teniendo en sus planes.