Bélgica pide al Tribunal de Justicia de la UE que estudie el veto a los TPO en el fútbol

Doyen Group confía en que Bruselas le acabe dando la razón. La firma de inversión, que en España ha trabajado con clubes como Atlético de Madrid, Sevilla FC y Sporting de Gijón, celebró ayer la decisión del Tribunal de Apelación de Bruselas, que ha elevado un litigio sobre la prohibición del fondos en la compraventa de jugadores al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En un comunicado, la empresa que encabeza Neilo Lucas asegura que el citado tribunal "dictaminó que la solicitud de suspensión de la prohibición, solicitada por el club belga Seraing United, junto con Doyen Sports, no pudo concederse dada la gravedad del caso, los efectos generalizados de tal prohibición y el debate considerable en torno TPI".

No es un error tipográfico, ya que desde hace meses la compañía asegura que su modelo no es el de third-party ownership (TPO), sino el third-party investment (TPI), por el que no se comparte la propiedad sobre los derechos económicos de un futbolista, sino que se ofrece financiación a un club para acometer determinados fichajes a cambio de asegurarse parte de la futura plusvalía de un traspaso.

El proceso será juzgado ahora por el Tribunal de Comercio de Bruselas, que deberá dictaminar si la prohibición impuesta por la Fifa y avalada por la Uefa no contraviene la legislación belga. Sin embargo, también se ha recomendado que el caso sea examinado por el TJUE, para acabar de discernir sino sólo se vulnera la legislación nacional, sino también la comunitaria, con el impacto que eso tendría en el conjunto de las grandes ligas.

Este litigio nació a raíz de la primera sanción que impuso la Fifa a un club tras la prohibición de los TPO. En concreto, multó al FC Seraing de la Segunda División belga con 150.000 francos suizos (136.836 euros) y la prohibición de poder acudir al mercado de fichajes nacional e internacional durante cuatro periodos de inscripción consecutivos, es decir, hasta enero de 2018.