Skyline pide revisar el acuerdo de compra del Elche CF tras el descenso a Segunda B

Skyline International tiene intención de ejecutar su proyecto deportivo para el Elche CF, pero no bajo las condiciones iniciales que rigieron el acuerdo al que había llegado con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). “La situación de la entidad ha dado un peligroso y dramático viraje con la pérdida de categoría y, en estos momentos, las condiciones ofrecidas a Skyline International, tanto económicas como deportivas, se encuentran descontextualizadas y no son aplicables”, explica el fondo.

El pasado septiembre, la firma se adjudicó el crédito de la institución pública que le garantizaba una participación del 54,73% a cambio de pagar cinco millones de euros; además, se comprometía a liquidar la deuda que generó la decisión de la Comisión Europea (CE) de considerar como ayuda de Estado las garantías que se le entregaron para acceder a financiación bancaria.

Sin embargo, el actual consejo de administración impugnó el concurso público que se abrió para adjudicar el crédito, y una operación que se esperaba cerrar antes de enero de 2017 aún no se ha cerrado. Con el riesgo añadido de que, una vez aprobado el convenio de acreedores, esa participación mayoritaria podría quedar diluida con la capitalización de préstamos de algunos miembros del consejo. “Resulta imposible evaluar una posible propuesta –acorde a la nueva realidad del club-, mientras no se den las garantías jurídicas necesarias que permitan respetar los acuerdos y plazos establecidos previamente”, ha señalado David S.R. Phillips, consejero delegado de Skyline, sobre esta cuestión.

Además, añade que lamenta “la oportunidad perdida de desarrollar nuestro proyecto y dotar al Elche CF de la estabilidad institucional y los recursos económicos necesarios para intentar alcanzar otros objetivos tanto deportivos como institucionales más ambiciosos”. Y es que su compromiso pasaba por, una vez asegurada la mayoría accionarial, invertir otros cinco millones en la parcela deportiva.

El futuro, en cambio, plantea serias dudas sobre la viabilidad del proyecto. Pese a que el convenio ha permitido bajar la deuda ordinaria de 24 millones a 6 millones de euros, el club tiene que devolver a corto plazo unos 13 millones a Hacienda, que difícilmente puede asegurar con la generación de recursos que podrá obtener en la tercera categoría del fútbol español.