El Real Madrid recuperará 20 millones tras no probarse que recibió ayudas públicas

El Real Madrid podrá recuperar los 20,4 millones de euros que devolvió al Ayuntamiento de Madrid cuando la Comisión Europea (CE) así le obligó. El Ejecutivo comunitario determinó en 2016 que el club se había beneficiado de ayudas de Estado ilegales con la operación urbanística que supuso el traslado de la ciudad deportiva de Chamartín a Valdebebas. Sin embargo, ahora el Tribunal General de la UE considera que Bruselas “no probó de modo satisfactorio que se hubiese conferido una ventaja”.

El caso se refiere a un convenio de 1996 por el que el equipo de fútbol cedió al gobierno municipal los terrenos de su ciudad deportiva en el tramo final del Paseo de la Castellana, a cambio de otras parcelas a determinar en un futuro. Finalmente, en 1998 se acordó ceder al club unos terrenos en Las Tablas que se valoraron en 595.194 euros, pero aquella operación no llegó a ejecutarse y en 2011 se indemnizó al club con 22,6 millones, tras una nueva tasación de aquel activo inmobiliario que elevó su valor a 22,6 millones.

Sin embargo, el informe que había encargado la Comisión Europea (CE) a la firma CEIAM Cabré Alegret revelaba que se habría pagado un precio muy superior al que realmente correspondía. Según el documento, en el mejor de los casos el valor de la parcela de 70.815 metros cuadrados que finalmente no recibió el Real Madrid tenía un valor de 12,2 millones.

Según la tasadora, el coste de reposición del terreno en 1998 era de 2.325.012 euros, de 656.438 euros si se recalificaba para construir viviendas de protección oficial, y de cero euros si se destinaba a usos deportivos, “al no ser razonable la existencia de demanda”. En 2011, y con los precios de ese momento, las valoraciones para los tres escenarios antes descritos se elevaban a 3.931.546 euros, 12.245.144 euros y 4.268.684, respectivamente.

Pese a ello, la Justicia considera que no se ha aprobado esa supuesta ayuda y revoca el pago que realizó el Real Madrid al Ayuntamiento en 2016. “La Comisión no tuvo en cuenta todos los elementos de la operación controvertida y su contexto. Así pues, no pudo cumplir con su obligación de llevar a cabo un análisis completo con el fin de demostrar no sólo la cuestión de la evaluación del importe de la ayuda, sino también –y sobre todo– la de la propia existencia de una ventaja”, señalan los jueces.