2022, el año en el que el Congreso dio luz verde a la Ley del Deporte

Después que a finales de 2021 el Gobierno presentara el Anteproyecto de la Ley del Deporte, en 2022, al fin, se ha dado el visto bueno al nuevo texto, después de una batalla que hasta amenazó con paralizar el fútbol nacional.

Finalmente, el pasado 22 de diciembre, el Pleno del Congreso de los Diputados concluyó definitivamente la tramitación parlamentaria de la Ley del Deporte con el debate de las enmiendas procedentes del Senado, por lo que la nueva ley quedó lista para su entrada en vigor.

Este era el resultado de meses de negociaciones y enfrentamientos. Los partidos políticos tuvieron hasta el 17 de febrero para presentar enmiendas al proyecto y que estas se pudieran debatir, por lo que se recopilaron las más de 700 enmiendas y se abrieron varios frentes.

Las federaciones tendrán una comisión de control económico

La nueva norma permite que las distintas modalidades y especialidades deportivas, con independencia del sexo de sus deportistas, puedan ser profesionales en unas condiciones que “garanticen la viabilidad y estabilidad de las competiciones en las que participen”.

En lo que respecta a las entidades deportivas, el texto determina que “se deberá equilibrar la presencia de hombres y mujeres en sus órganos directivos”, estableciendo un 40% de participación femenina.

Por otro lado, la iniciativa también establece “ un marco específico de promoción de la igualdad efectiva en el deporte”. En este sentido, la norma establece que “ las administraciones públicas desarrollarán políticas públicas que garanticen y pongan en marcha medidas de protección de la igualdad en el acceso y el desarrollo posterior de la actividad física y el deporte como, por ejemplo, medidas de lucha contra la violencia machista en el deporte”.

Por su parte, las federaciones deportivas y ligas profesionales tienen, por ley, “la obligación de garantizar un trato igualitario entre ambos sexos en eventos y competiciones deportivas entre deportistas y equipos femeninos y masculinos de una misma especialidad deportiva en lo que respecta a las condiciones económicas, laborales, de preparación física y asistencia médica, y de retribuciones y premios”.

Uno de los puntos más relevantes en el apartado de las federaciones y las ligas profesionales refiere las entidades deportivas que participen en las diferentes competiciones

En lo que respecta a las mujeres embarazadas, en un 2022 en el que la profesionalización del fútbol femenino ya es efectiva, la ley establece que “se considerarán nulas de pleno derecho las cláusulas contractuales tendentes a permitir o favorecer la rescisión unilateral del contrato por razón de embarazo o maternidad de las mujeres deportistas”.

Asimismo, la norma atiende a los derechos de las personas Lgtbi. Desde la Conferencia Sectorial del Deporte se arbitrarán instrumentos para “crear protocolos de prevención y actuación frente a la Lgtbifobia, mientras que el Consejo Superior de Deportes  (CSD) facilitará una formación integral en prevención de la Lgtbifobia”.

En materia de discapacidad, el texto establece que los poderes públicos promoverán “las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía, la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte”.  

La nueva Ley del Deporte también recoge una serie de derechos comunes a todas las personas deportistas, como son “ la igualdad de trato y oportunidades en la práctica deportiva” y se establece el desarrollo de la actividad “ libre de cualquier forma de discriminación o violencia”, así como el respeto a la “integridad, dignidad, intimidad personal y libertad de expresión”.

Psoe, Unidas Podemos, Partido Nacionalista Vasco, Más País y Compromís votaron a favor

El proyecto de ley también regula la integración de las federaciones deportivas autonómicas en la federación deportiva española correspondiente y establece mecanismos para que ciertas federaciones deportivas autonómicas tengan un reconocimiento internacional.

El texto también define y clasifica los diferentes tipos de deportistas: se consideran deportistas profesionales quienes se dediquen a la práctica deportiva a cambio de una retribución, ya sea por cuenta propia o ajena. Por su parte, los deportistas no profesionales son aquellas personas que se dedican a la práctica deportiva en el ámbito de una entidad, pero que no tiene relación laboral con esta y perciben, como límite, la compensación de los gastos que les supone dicha práctica.

Por otro lado, se define a los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento. Las primeras serán calificadas por el CSD tras el cumplimiento de una serie de requisitos deportivos, mientras que las segundas serán calificadas por las comunidades autónomas según su propia normativa, y por el CSD cuando cumplan los criterios de representación internacional.

La ley también acaba con la obligación de la transformación de los clubes en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). En la anterior ley del Deporte se exigía, para la participación en competiciones oficiales profesionales de ámbito estatal, la transformación de los clubes en SAD salvo aquellos que pudieron mantener su forma jurídica por presentar un saldo patrimonial neto positivo en las últimas temporadas. Sin embargo, a través de la nueva norma, se opta por abrir la participación tanto a clubes como a SAD, ampliando el anterior modelo. Asimismo, el texto mantiene la competencia de las ligas profesionales a la hora de organizar y gestionar las competiciones profesionales así calificadas por el CSD.

3 de noviembre, debate clave

No fue hasta el 3 de noviembre que el pleno del Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley del Deporte tras su paso por la comisión de Cultura y Deporte.

En ella, se incluyó otro punto polémico: una enmienda que abre la puerta a la participación de selecciones autonómicas en competiciones oficiales de ámbito internacional. Después, el texto tuvo que pasar al Senado. 

Partido Popular (PP), Vox, Ciudadanos y Junts per Catalunya votaron en contra de la nueva normativa, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (Psoe), Unidas Podemos, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Más País-Equo y Compromís votaron a favor. Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Bildu y Bloque Nacionalista Galego (BNG) se abstuvieron.

Además del posible reconocimiento internacional de alguna selección regional, la comisión también introdujo una enmienda de Psoe y Unidas Podemos para reconocer “el reparto colectivo de los derechos del fútbol”, admitiendo parte de las reclamaciones de 39 de los 42 clubes de Primera y Segunda División, evitando una huelga que habían anunciado.

Amenaza de huelga

Unos días antes de la trascendental votación, los clubes de Primera y Segunda División habían puesto sobre la mesa la opción de paralizar la competición como protesta ante las enmiendas a la norma presentadas por el PP y Psoe. De hecho,  los presidentes de la Comisión Delegada de LaLiga, formada por Atlético, Levante, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Cádiz, Getafe, Villarreal, Tenerife, Alavés, Eibar, Las Palmas, Lugo y Huesca, acudieron junto a Javier Tebas, presidente de la patronal,  a una cumbre con Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, y José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), para evitar un parón de total, que se hubiera producido justo antes de empezar el Mundial.

La Superliga, los derechos de televisión y la cuota de poder entre los clubes y la federación eran tres de los frentes abiertos, ya que los clubes creían que habría un incremento de choques judiciales y temían que su estabilidad económica esté en peligro por esta situación.

Esto se produjo porque una semana antes de celebrar la comisión final en la que se debía debatir la ley, el PP propuso retirar siete enmiendas ante lo que los clubes entendieron que eran presiones de Florentino Pérez, presidente de Real Madrid. 

PNV impulsó una enmienda que permitirá que las federaciones autonómicas participen directamente en ciertas competiciones deportivas oficiales de ámbito internacional    

Hasta el momento, los clubes de LaLiga solicitaban en la nueva ley “una protección para el fútbol español ante la posibilidad de que se ponga en marcha la Superliga”, entre otras cuestiones. De esta manera, la intención de LaLiga era establecer unas medidas de protección similares a las instauradas en Inglaterra. Además, se quería también denegar licencias para jugar en LaLiga a los clubes que participarán en la Superliga, lo que excluiría a Real Madrid y FC Barcelona de la Primera División.

Asimismo, también se solicitaba el reconocimiento explícito en el proyecto de Ley de los derechos de comercialización de LaLiga, con el objetivo de evitar un conflicto de inseguridad jurídica que pusiera en peligro el acuerdo de la Liga con el fondo británico CVC.

Además, a los clubes también les preocupaba “el creciente poder de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) con la redacción de la Ley del Deporte”. Es decir, hasta la aprobación de la norma, se solicitaba un informe a LaLiga ante cualquier cambio que quiera realizar la Rfef en los estatutos, aprobados por el CSD. En la redacción propuesta, no se solicitaría dicho informe.

Finalmente, además de reconocer el reparto colectivo de los derechos del fútbol y aceptar parte de las exigencias de los clubes, se introdujo otra modificación, apoyada por el PP para prohibir que las federaciones pudieran contratar la organización de competiciones oficiales con empresas de deportistas que compiten en ellas, lo que se interpretó como un veto a que la Rfef pueda volver a pactar con Kosmos, propiedad de Gerard Piqué, mientras el jugador estuviera en activo y que derivó en su retirada. Referente a la Superliga, la petición quedó desestimada puesto que actualmente esta cuestión se encuentra judicializada a escala europea, que podría barrer las pretensiones de LaLiga.

Por otro lado, el PNV impulsó una polémica enmienda que permitirá que las federaciones autonómicas puedan participar directamente en competiciones deportivas oficiales de ámbito internacional si la federación internacional lo contempla en modalidades deportivas con arraigo histórico y social en su comunidad autónoma, o bien si la federación autonómica está inscrita en la federación internacional antes incluso que la española.

También añadió un segundo punto recalcando que la participación de la federación autonómica deportiva autonómica en competiciones internacionales se produce previo acuerdo con el CSD que conlleva el apoyo del ingreso de la federación autonómica en la internacional.

En el resto de los deportes se mantiene la obligación de que las federaciones autonómicas se integren en la española para participar en competiciones internacionales. Además, en los Juegos Olímpicos tampoco hay opción a selecciones autonómicas ya que sólo pueden participar estados reconocidos por la Naciones Unidas.

Visto bueno parcial del Senado

Un mes después, el Pleno del Senado aprobó devolver al Congreso la nueva ley para ratificar 35 enmiendas, que recogían mecanismos para luchar contra la violencia hacia las mujeres y las personas Lgtbi y rechazaban la cuota obligatoria para que las federaciones autonómicas se integren en las federaciones españolas.

El Senado dio luz verde al resto del texto con 133 votos a favor, 109 en contra y 20 abstenciones. Concretamente, una enmienda del PNV hizo que en la ley quede clarificado que no se puede establecer el pago obligatorio de una cuota a las federaciones deportivas autonómicas por integrarse en las respectivas federaciones españolas y así poder participar en actividades o competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional, por lo que sólo faltaba que el Congreso diera su último sí para que saliera en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

“Un 155 deportivo”

La propuesta de ley no gustó en ciertos colectivos. Las federaciones deportivas de Cataluña y la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (Ufec, por sus siglas en catalán) pidieron la implicación del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ante la nueva Ley del Deporte, argumentando que suponía “un ataque a la autonomía y a la proyección internacional del deporte catalán”.

El texto equivalía, en palabras de Joan Ollé, presidente de la Federación Catalana de Automovilismo (FCA), a “un 155 deportivo”. De este modo, la Ufec exigió al president que interviniera en el asunto puesto que, a su parecer, la nueva ley ponía en entredicho “la autonomía y supervivencia” de las federaciones regionales, la eliminación del “reconocimiento internacional” del deporte catalán, “el abuso económico a las federaciones autonómicas” y la falta de recursos por las mismas.

Gerard Esteva, presidente de la Ufec, denunció que el nuevo texto “extorsionaba” económicamente a los entes regionales. Además, también lamentó el papel del CSD a la hora autorizar la participación de las selecciones catalanas en competiciones internacionales y la organización de competiciones más allá del ámbito autonómico, lo que suponía “retroceder a la época de la dictadura, donde el deporte catalán tenía prohibida su proyección internacional”. Posteriormente, el Senado aceptó algunas enmiendas de dicha entidad.