El CSD entrega a la Rfef la venta centralizada de las emisiones de Segunda B, fútbol sala y femenino

La Real Federación Española de Fútbol (Rfef) ha conseguido su objetivo de que la ley le reconozca la competencia exclusiva en la gestión de las retransmisiones de las competiciones no profesionales. La modificación del Real Decreto-ley 5/2015, que hasta ahora regulaba la comercialización de los derechos de televisión de LaLiga, ahora también incluirá el resto de las competiciones estatales de fútbol y dará al regulador el encargo de la gestión en el fútbol sala, el fútbol femenino y la Segunda B.

En concreto, se ha ampliado el artículo 8 para incluir el “resto de competiciones de ámbito estatal que organice la Real Federación Española de Fútbol”, pues hasta ahora sólo hacía referencia a la Copa del Rey y a la Supercopa de España. “Podrá comercializar directamente los derechos audiovisuales”, sostiene el nuevo redactado, que cambia absolutamente el escenario vigente. El texto no aclara qué pasa con los contratos en vigor.

Ahora está por ver cómo se articulará la venta de estos contenidos, pues el razonamiento del regulador es que la centralización de derechos daría paso a una revalorización de estos, como sucedió con LaLiga. El interrogante es cómo se articulará la venta y si se abogará por algún tipo de venta cruzada, de forma que a un mismo operador le puedan garantizar que puede adquirir en bloque todos estos torneos.

La Rfef “podrá comercializar directamente los derechos audiovisuales” de Segunda B, Lnfs o Primera Iberdrola

La titularidad de los derechos había sido el gran caballo de batalla entre los clubes no profesionales y el ente presidido por Luis Rubiales, que desde que accedió al cargo insistió en asumir él la venta de estos derechos. Sin embargo, hasta ahora no tenía base legal para hacerlo y todas las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) le habían sido desfavorables, así como algunas sentencias judiciales.

Los intentos de la Rfef por concentrar activos para desarrollar una venta similar a la de LaLiga con el resto de competiciones siempre chocaba con la misma barrera que ahora se eliminará: “se arroga una serie de derechos que no encuentran apoyo en la norma”, insistía siempre la Cnmc.

Sin embargo, una de las aristas no ha quedado resuelta con estas modificaciones, pues el Real Decreto-ley de 2015 mantiene que “la titularidad de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley corresponde a los clubes” y sólo instaba la cesión necesaria de los derechos a “una competición oficial de fútbol profesional”.

Ahora, en cambio, la Rfef tendrá una posición de fuerza mucho mayor frente a la Lnfs, a la que ya retiró las competencias sobre la principal competición de fútbol sala por falta de entendimiento, y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (Acff), que tiene firmado un acuerdo a tres años con Mediapro que ahora podría verse afectado y siempre defendió la titularidad de sus derechos.

En el caso del fútbol sala, está por ver cómo afecta este escenario al contrato que firmaron con LaLiga hasta 2023-2024, por el que la OTT LaLigaSports TV emite varios partidos de la Lnfs sin que ello afecte a las retransmisiones en canales locales y autonómicos. Este contrato permitió que la competición diera un importante salto económico, con el reparto de 700.000 euros entre los clubes, pero la Rfef ya dejó claro en la firma del convenio de coordinación con LaLiga de 2019 que “en ningún momento” se le solicitó “autorización preceptiva” para esa comercialización.

La Rfef ahora debe articular un acuerdo con los clubes de cada categoría, con la duda de qué sucede con los contratos en vigor

En cuanto a los derechos de la Primera Iberdrola y la Reto Iberdrola, esta modificación también traerá cola después de las duras negociaciones que ya se produjeron para la firma del primer convenio colectivo del fútbol femenino. Además, clubes como el Barça o el Real Madrid habían abogado desde el primer minuto en no renunciar a dar sus encuentros en los respectivos canales corporativos.

No obstante, y a diferencia del fútbol sala, aquí la Rfef se avino a respetar los contratos en vigor, por los que Mediapro abona 2,4 millones de euros al año, además de una subvención finalista de 1,1 millones para 2019-2020 que fue clave para desencallar el acuerdo con las jugadoras.

En el caso de la Segunda B, la cuestión era más compleja y donde más predisposición encontró Rubiales entre los equipos. Sin embargo, ahí tampoco tenía potestad de exigir los derechos, por lo que optó por una fórmula de cesión voluntaria al proyecto desarrollado con Footters, que convivía con los acuerdos que cada equipo pudiera tener con televisiones locales y autonómicas.

Se sobrentiende que la Rfef optará por diferentes lotes para cada competición, si bien la recaudación irá a parar a un fondo común que se distribuirá de la siguiente manera: el 60% a los equipos de LaLiga (antes era el 90%) y el 40% restante a la promoción del fútbol aficionado y los equipos que participen en los torneos y no alcancen los octavos de final de la Copa del Rey.

La competición copera es la que actualmente genera más ingresos, con 26 millones de euros anuales entre 2019-2020 y 2021-2022. Este contrato fue firmado con Mediaset a finales de 2019 y criticado por Mediapro, al considerar que la Rfef había renunciado sin criterios objetivos a una oferta superior. Era la suya, de 100,5 millones de euros durante todo el ciclo.