El TAD inhabilita a Pedro Rocha durante los próximos dos años por abuso de autoridad

Rocha, inhabilitado. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), organismo adscrito al Consejo Superior de Deportes (CSD), ha inhabilitado durante los dos próximos años a Pedro Rocha, actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) por abuso de autoridad.

De este modo, el hasta ahora presidente de la Rfef no podrá ocupar ningún cargo en una federación deportiva durante la vigencia de la inhabilitación, hasta 2026. Además, el TAD le ha impuesto una multa de 30.000 euros.

La decisión se basa en tres infracciones graves cometidas por parte de Rocha: el cese de Andreu Camps como secretario general de la Rfef, la rescisión del contrato con GC Legal y por la personación de la Federación como acusación particular en el Caso Supercopa.

La decisión del TAD es consecuencia de una petición previa por parte del CSD a finales de marzo. En aquella ocasión, el presidente de la escuela de entrenadores Cenafe, Miguel Galán, que justificaba su decisión en que la asunción de funciones por parte de Rocha no correspondía a un presidente de una comisión gestora.

El TAD sostiene que la inhabilitación es consecuencia de tres infracciones graves por parte de Rocha

Según el TAD, “la autoría de los hechos corresponde a Pedro Rocha, quien ha reconocido en sus escritos la adopción de decisiones anteriormente mencionadas; y por ello presenta la propuesta de inhabilitación para ocupar cargos en cualquier federación deportiva durante seis años, dos por cada una de las infracciones”.

A finales de abril, Pedro Rocha nombró a la nueva Junta Directiva de la Rfef para iniciar su mandato después de ser elegido presidente del organismo una semana antes. Desde entonces, es la primera vez en la historia de la Rfef que la Junta Directiva del organismo cuente con un 40% de mujeres, ya que de las veinte personas que forman este órgano de gobierno federativo, ocho son mujeres y doce son hombres.

La proclamación de Rocha como presidente de la Rfef se dio pese a su condición de investigado en el Caso Brodie, que investiga una presunta trama de corrupción en los negocios, administración desleal y pertenencia a organización criminal.

De hecho, por ese motivo el CSD creó una Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, cuyo objetivo es tutelar durante los próximos meses la Rfef. El CSD respondió así a “la crisis de la entidad federativa”, dijo entonces su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, que añadió que actuaba “en defensa del interés general de España”.