Federación vs ACB: el CSD decidirá en la batalla por el futuro del básquet español

El Consejo Superior de Deportes (CSD) arbitrará en el pulso que ACB y la Federación Española de Baloncesto (FEB) mantienen desde hace más de treinta años. Tras la firma del convenio que regula la relación entre ambas entidades, se estableció que el Gobierno tendría la última palabra ante un posible conflicto entre ambas, tal y como ha sucedido con el enroque que ha bloqueado el sistema de ascensos y descensos del baloncesto español tras la paralización de la competición por el coronavirus. Por ahora, CBC Valladolid y Delteco Gipuzkoa Basket se han asegurado el ascenso deportivo, aunque el administrativo podría acabar en los tribunales de no alcanzarse un acuerdo.

La fecha clave con la que trabajan en el CSD es el 15 de julio. Ese es el último día para que los clubes que ascienden desde la LEB Oro presenten la documentación para pasar la auditoría que exige la ACB, solo demandada a los clubes que suben de categoría, no a los que ya están presentes. Una vez superada, será la asamblea, formada por los 16 clubes que permanecen en la liga, los que deciden si se acepta, o no, la inscripción de los ascendidos.

Ahí es donde reside el problema. Antonio Martín, presidente de la ACB, ha asegurado que no habrá una liga de veinte equipos el año que viene. Asimismo, descartaron desde el primer momento que hubiera descensos, lo que abocaba a un año sin posibilidad de subir desde LEB Oro. Es decir, aunque Valladolid y Gipuzkoa superasen la auditoría, podrían recibir la negativa del resto de equipos a ingresar en la liga, de carácter privado.

El CSD dispone de algo más de un mes para resolver el conflicto de ascensos entre FEB y ACB

“La ACB es una competición de 18 clubes y que con una situación en la que sólo se ha jugado un 70% de la liga no debería haber descensos ni un campeón si no hay fase final en LEB Oro”, indican fuentes cercanas a la asociación a Palco23. De cumplirse esta proyección, la ACB sería la única competición en España que finalizase sin ascensos, una baza que la Federación Española de Baloncesto (FEB) espera jugar ante el arbitraje del CSD.

“Hay un convenio colectivo que tiene que hacerse valer; el argumento de la asociación es que no se ha terminado la liga regular, pero eso no se está contemplado en una situación como la actual”, indica otra de las fuentes consultadas. Según el convenio de coordinación, es la federación la que propone a los dos equipos que ascienden de categoría en caso de no finalizar la temporada por lo que, en caso de encontrarse con el rechazo de ACB, el CSD tendría que intervenir en el proceso.

Los clubes de la LEB Oro coinciden en que irán “de la mano de la FEB” en todo el proceso. “Entendemos la decisión de que no haya descensos, porque es un contexto muy delicado, pero debe haber ascensos porque ya se ha demostrado en años anteriores que las ligas cerradas en España no benefician al deporte”, explican a este diario.

El convenio firmado por ACB y FEB estableció que el CSD era el órgano regulador con capacidad de decidir

FEB, ACB y los clubes implicados trabajan con dos escenarios. El primero, que se alcance un acuerdo entre todas las partes, con el CSD como mediador, para disputar una liga de veinte equipos o para encontrar una solución alternativa, aún sin definir. El segundo, que el Gobierno falle a favor de los ascensos y ACB no acate la decisión, dinamitando el convenio de coordinación y contraviniendo a un organismo superior.

En este último caso, se desconoce en qué situación quedaría el convenio de regulación, pero la última sentencia del Tribunal Supremo, en febrero de 2020, es firme. En esta se indica que el CSD “es competente para controlar, en vía de recurso administrativo, los acuerdos adoptados por las ligas profesionales sobre la afiliación de clubes de baloncesto”. El fallo desestimó los recursos de casación de la ACB sobre el caso del Club Ourense Baloncesto (COB), al que se denegó jugar en 2015-2016 por no superar la auditoría.

Tras el recurso del equipo gallego, el Consejo Superior de Deportes dio la razón al club y determinó que no se hallaba en causa de disolución, como alegó el informe de la ACB. De esta forma, la asociación fue obligada a admitirlo en las mismas condiciones en las que habría ascendido en 2015, pero finalmente el COB no pudo hacer frente al pago de tres millones de euros exigidos por la liga, aún con el canon de ascenso vigente, y rechazó la posibilidad de ascender.

El conflicto ACB-FEB suma dos precedentes respecto a los ascensos: el del Obradoiro y el del Ourense

El caso sentó un precedente judicial que podría agilizar los trámites en caso de finalizar las negociaciones sin acuerdo. El Supremo dictó que “aunque parece que son entidades puramente privadas, lo cierto es que las ligas profesionales han sido creadas por voluntad de la Ley (del Deporte), lo que las asemeja a una corporación pública, que se refuerza por el hecho de que el artículo 27 del Real Decreto 1835/1991 precisa de la aprobación del CSD y la federación correspondiente para sus normas estatutarias”.

En otras palabras, el carácter privado de la ACB y cualquier competición similar quedó puesto en duda, y es el cabo al que ahora pretenden asirse Gipuzkoa y Valladolid. El objetivo, no obstante, es evitar a toda costa un proceso judicial que podría alargarse durante años (más de cinco suma ya el de Ourense), haciendo imposible un ascenso inmediato.

Otro punto a tener en cuenta es que, en caso de acudir a la justicia ordinaria, los clubes podrían solicitar la cautelar y suspender temporalmente la temporada 2020-2021. Es algo que ya sucedió en 2003-2004, cuando el Obradoiro obtuvo la cuarta sentencia favorable para su ingreso en la ACB.

Los clubes podrían solicitar la cautelar y paralizar la temporada 2020-2021 si van a los tribunales 

El club gallego, que había logrado el ascenso en 1990-1991 por alineación indebida del Murcia, no fue admitido. Se inició entonces un pleito que se dilató hasta 2007, en el que exigía ingresar en la ACB con las condiciones vigentes en la campaña 1990-1991, no en las de la liga de entonces, como pretendía la asociación, ya que hubiera implicado un pago de más de tres millones de euros entre el canon, aún vigente, y el fondo de garantía.

Los gallegos tardaron casi veinte años en poder ingresar en la ACB, donde han jugado de manera ininterrumpida desde entonces. Su caso es precisamente lo que quieren evitar las partes implicadas, según diferentes fuentes próximas al conflicto, que aluden a una nueva situación de la que ni Obradoiro ni Ourense pudieron beneficiarse: “Antes no existía el convenio y había dudas sobre las competencias del CSD, pero ya no; indica claramente que puede delegar su autoridad en las federaciones para tomar decisiones y, de no cumplirse, arbitrar y dictar sentencia”, aseguran.

El CSD tendrá alrededor de setenta días para tomar una decisión, siempre que la ACB no se pronuncie primero y acepte la inscripción de Gipuzkoa y Valladolid, sujeta a la auditoría previa. En el último escenario, en el que la ACB se mantendría en 18 equipos y no habría ascensos, se generaría un efecto dominó que alteraría a las competiciones FEB, que aprobaron cerrar el año con ascensos y sin descensos.

Es decir, en el caso de la LEB Oro podría darse la situación de que en vez de 18 equipos, como hay actualmente, hubiera 22, contando a Gipuzkoa y Valladolid y a los dos ascendidos desde LEB Plata. Desde la FEB aseguran que son escenarios que aún no se contemplan, pero la realidad del pulso que mantiene desde los noventa con la ACB apuntan a esta posibilidad.