La permanencia en Primera sigue en juego, ahora en los despachos

Córdoba, Almería y Eibar. Son los tres equipos que este fin de semana han descendido a Segunda División una vez que ya ha concluido La Liga. Sin embargo, ahora está por ver si alguno de ellos puede lograr la permanencia en Primera a través de los despachos. Elche CF y Getafe son las dos entidades que más problemas podrían sufrir para continuar en la élite del fútbol español dada su situación financiera y los mayores poderes adquiridos por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) para imponer sanciones.

El Elche lleva meses bajo la lupa, especialmente tras haber incumplido el presupuesto de la pasada temporada y tener actualmente un agujero económico de 14 millones de euros. La nueva junta, presidida por Juan Anguix, ha puesto en marcha una ampliación de capital por idéntico importe para sanear el balance y saldar deudas pendientes. Su deseo es que los empresarios de la ciudad y los aficionados se vuelquen en la operación, a cambio de descuentos en los abonos de la próxima temporada.

El primer escollo es con la Agencia Tributaria, a la que se le adeudan 7,4 millones de euros y con la que debe alcanzar un acuerdo antes del 29 de mayo para poder atenuar la sanción que le impondrá el juez único de competición de la LFP. Se da por hecho de que ya no podrán fichar este verano, pero no tener un pacto con Hacienda podría desembocar en un descenso administrativo.

Anguix propone pagar 3,4 millones de inmediato y para el resto pactar un nuevo calendario, mientras que el Fisco reclama un pago inicial más elevado. El dirigente, que dispone de un aval de 5 millones para afrontar pagos, buscará la aprobación de Hacienda a no variar demasiado esa cifra, ya que el club también debe atender nóminas atrasadas con la plantilla. De lo contrario, se consideraría un motivo adicional para no permitir su inscripción en La Liga.

Otro de los equipos que deberá negociar con la Agencia Tributaria es el Getafe, que entre las temporadas 2012-2013 y la 2013-2014 más que duplicó su deuda pendiente con la Administración, de 9,5 millones a 23,22 millones. Ángel Torres, presidente del club, aseguró a Marca que estaban negociando un acuerdo para evitar nuevas sanciones después de que la LFP les abriera expediente hace tres semanas. Tal y como adelantó Palco23, el club hace meses que no cumple con los ratios económicos necesarios para permanecer en Primera o Segunda.

Los problemas del club se agravan por el hecho de que el Getafe se encuentra en causa de disolución y necesita una importante inyección de capital para arreglarlo. Con un patrimonio neto negativo de casi 22 millones de euros, el máximo accionista sólo se comprometía con el auditor a aportar 9 millones a través de créditos participativos o similares.

El escenario empeora si se tiene en cuenta que las previsiones para el ejercicio que finaliza este 30 de junio también se apuntaban a unas pérdidas superiores a los cuatros millones de euros. La estimación tan sólo podría verse mejorada por la venta de jugadores, una actividad que ya este invierno generó 10 millones, frente a los 7,5 millones presupuestados. Además, hace unos días recibió un pago pendiente de cinco millones que habrá ayudado a aliviar las tensiones de tesorería.

En cualquier caso, cabe recordar que el descenso administrativo no se impone por una infracción determinada, sino por la reincidencia en el incumplimiento de las normas de control económico que impone la LFP, y que incluye sanciones económicas, restricciones al gasto en jugadores y la inscripción de los mismos, e incluso la negativa a percibir su parte correspondiente a los ingresos que redistribuye La Liga.