El futuro de las SAD: acceder al fútbol profesional ya es el doble de caro que hacerlo en el baloncesto

No hay duda de que competir en el fútbol profesional español es hoy mucho más lucrativo que hacerlo en el baloncesto. El actual contrato de televisión y su creciente visibilidad han aupado a LaLiga a niveles de facturación jamás alcanzados, mientras que la ACB sigue trabajando por dar con una fórmula que permita hacer rentable y más grande el negocio de la canasta. Dos velocidades distintas que han hecho que la brecha entre poder competir sobre el césped o en la cancha se haya doblado en las últimas campañas.

Desde este año, el capital mínimo que un equipo debe reunir para ser una sociedad anónima deportiva (SAD) y pasar de Segunda División B a la Liga 1|2|3 es de 3,25 millones de euros. Se trata de un aumento interanual del 24,5% y un récord histórico, pues la anterior marca establecida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) fue en 2010, cuando se exigían 2,88 millones de euros. En el caso del balompié, este mínimo cayó de forma drástica en 2012, y se ha ido recuperando año a año, en línea con el saneamiento impulsado desde que Javier Tebas tomó las riendas de la asociación de clubes.

La evolución del baloncesto había sido similar hasta 2012, si bien siempre fue por detrás. El capital mínimo exigido para un equipo que debía convertirse en SAD para entrar a la ACB tocó fondo en 2015, cuando se situó en 1,59 millones de euros, un importe incluso inferior al de 2005, cuando se pedían 1,61 millones. En los tres últimos años ha vuelto a ir en aumento el mínimo que los socios deben aportar para poder competir en la élite, si bien a un ritmo inferior al del fútbol. En 2017 subió un 9%, hasta 1,84 millones de euros.

El capital mínimo para poder jugar en LaLiga es de 3,25 millones, casi el doble respecto a los 1,8 millones exigidos en la ACB

¿A qué se deben estas diferencias? ¿Se trata de un intento de los clubes ya consolidados por poner barreras a los aspirantes a entrar en lo más alto? Nada más lejos de la realidad. El Real Decreto 1251/1999, que regula la figura de la SAD, establece que el capital mínimo exigido se calcula matemáticamente con una fórmula que tiene en cuenta el 25% de la media de gastos realizados por los clubes y SAD que participan en las respectivas competiciones. De ahí que en fútbol no se pida un importe mucho más elevado, pues se tiene también en cuenta los presupuestos de Segunda.

El debate sobre los costes de poder competir a nivel profesional ha sido especialmente intenso en el baloncesto, donde incluso ha sido necesaria la intervención del CSD para buscar una entente entre la ACB y la Federación Española de Baloncesto (FEB). Y es que cualquier exigencia de más dinero dificulta la entrada en una asociación donde la falta de recursos ha provocado que muchos equipos se hayan quedado en la Liga LEB pese a hacer méritos deportivos para el ascenso.

El último acuerdo, alcanzado en mayo de 2017, contempla una rebaja de las barreras de entrada para contar con una plaza en la ACB. Desde entonces, la participación en la Liga Endesa no exige el pago de un canon ni del Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos, que sumaban normalmente unos 5 millones de euros. En cambio, todos los ascendidos deben abonar en un plazo de cuatro años 1,61 millones de euros en concepto de valor de participación y contar con un presupuesto mínimo de dos millones de euros.

La exigencia de estos recursos mínimos se debe a que el negocio propio de la patronal no permite garantizar el dinero suficiente para poder competir, ya que de los 30 millones que factura la competición se reparte aproximadamente un tercio entre los afiliados, con una diferencia de 1,2 veces entre el que más cobra y el que menos. En números, algo más de 500.000 euros fijos para cada uno.

Ahora se abre una nueva etapa con Luis Calleja en la dirección general y la próxima elección de  un presidente, un cargo al que optan Javier Imbroda, Miguel Ángel Juane Sánchez y Juan Francisco García. El reto de este dúo será reestructurar la organización y buscar un impulso a los ingresos más allá de los que aseguran Movistar+ y Endesa por derechos de televisión y patrocinio. El contrato con el grupo de telecomunicaciones, de 46 millones de euros, se inició en 2015 y finaliza este 2017-2018, mientras que con la energética se firmó el año pasado una ampliación de cuatro años por 19 millones de euros.

Es una situación muy distinta a la que vive el fútbol español, disciplina en la que muchos inversores están dispuestos a perder dinero en busca del ascenso desde Segunda B y Tercera. La ambición es poder conseguir una plaza en LaLiga y beneficiarse de lo que eso implica: recibir un mínimo de 4,5 millones de euros por televisión, salto cualitativo en patrocinios, y posibilidad de acceso a ayudas al descenso de hasta dos millones de euros que permiten disponer de cierta ventaja a la hora de pelear por otro ascenso.

De hecho, en el fútbol se han dado casos a la inversa, en que clubes totalmente saneados como la SD Eibar han tenido que convertirse en SAD obligados por la legislación. En muchas ocasiones, esta conversión también ha provocado la pérdida de la multipropiedad, como evidenció el caso de la UE Llagostera, cuya transformación sólo se logró gracias a la inversión de menos de un 10% de su masa social.

Está por ver cuál es el futuro que aguarda a esta personalidad jurídica, ya que el CSD ha dejado entrever su intención de replicar el modelo alemán. Esta fórmula consiste en que la SAD debe estar siempre controlada en al menos un 51% por el club social, mientras que el resto de la propiedad sí podría ser vendida a inversores que aporten el dinero necesario para la creación de la mercantil. ¿Seducirá esta fórmula a los mecenas del deporte español?