La patronal eleva a 94 millones de euros los recursos a licitaciones deportivas hasta junio

El sector del deporte pone el foco en las licitaciones deportivas. En los primeros seis meses, la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (Aeesdap) ha revisado 56 expedientes de licitaciones públicas por valor de 94 millones de euros. El 91% han sido contratos de servicios, mientras que el resto son contratos de concesión. El total de los expedientes resueltos a favor del organismo suman 89,4 millones de euros, según ha detallado Yago Monteoliva, gerente de la patronal, a Palco23.

En medio año, Aeesdap ha intervenido once licitaciones menos que en todo 2021, cuando intervino 105 licitaciones por un valor de 144,4 millones de euros, cifra que supuso un aumento del 67,3% respecto a 2020.

La patronal ha detectado errores en 54 de los 56 expedientes recibidos. De ellos, la administración pública desistió en 23 casos, mientras que en resto se realizaron modificaciones o se publicó más información.

Aeesdap presentó recursos en un total de once licitaciones

Además, Aeesdap presentó recursos en un total de once licitaciones. De las once denuncias interpuestas, la patronal ganó en diez casos y perdió en una, correspondiente a un recurso de reposición. Por otro lado, dos están actualmente en marcha, mientras que en cuatro no pudo actuar.

Según el directivo, el 80% de los errores han sido en criterios de adjudicación. “Esto es un gran problema: si los criterios están mal, se adjudican mal”, sentencia. “Tenemos licitaciones donde el criterio precio tiene una ponderación por encima del 49%, lo cual es contrario a la norma, puesto que los servicios deportivos y salvamento y socorrismo son servicios especiales, como se reconoce en el Anexo 4 de la Ley de Contratos, y son intensivos en mano de obra”, defiende.

“Otro de los errores que solemos detectar es una mala definición de los criterios: sobre todo hemos percibido un mal uso de los certificados de calidad como criterios de adjudicación y errores en la configuración de los criterios objetivos como subjetivos”, informa. “Está mal construido el criterio y dará lugar a problemas”, sostiene.

El 35% de los expedientes revisados tenían mal calculados o desglosados los presupuesto

Por otro lado, el 35% de los expedientes revisados tenían mal calculados o desglosados los presupuesto, en parte por los costes laborales, mientras que en todos los contratos de concesiones había errores de procedimiento o publicidad.

El contrato más importante denunciado ha sido el de servicios deportivos de la Junta de Andalucía, valorado en diez millones de euros y que acabó con el desistimiento por parte de la administración. Asimismo, los otros dos principales concursos denunciados fueron el de los servicios deportivos del Centro Deportivo Municipal Paquito Fernández Ochoa, valorado en 8,7 millones de euros, qu8e requirió publicar aclaraciones, mientras que la gestión del complejo deportivo Andújar acabó con el recurso estimado por error en el procedimiento y publicidad.

Según explica Monteoliva, el principal problema es que “hay presupuestos legales, pero inviables a largo plazo por la evolución del salario mínimo interprofesional (SMI), las revisiones de los convenios con el Índice de Precios de Consumo (IPC) y las prórrogas obligatorias”. “Esta situación provoca contratos desiertos y empresas salientes que se tienen que quedar nueve meses a precios de hace dos, tres, cuatro o cinco años”, añade, apuntando que perciben “una falta de diligencia por parte de la administración”.

Aeesdap denuncia que hay empresas que están “reventando” el mercado

Por otro lado, el directivo también denuncia que han detectado que “hay empresas que están reventando el mercado ofertando sistemáticamente por debajo de costes laborales actuales lo cual, unido muchas veces a la imposibilidad de seguimiento del contrato por parte de las entidades contratantes acaba en fraude laboral y competencia desleal”, sentencia. “Muchas veces los órganos encargados del seguimiento de los contratos no tienen ni la capacidad operativa ni los conocimientos para poder realizar su labor de manera efectiva; las administraciones no actuan de mala fe pero estan creando un problema serio en el mercado”, remarca. A su parecer, esta situacion se produce la mayoria de las veces “por falta de conocimientos y/o de medios”.

La inversión pública en obras de equipamiento deportivo por parte de todas las administraciones españolas fue de 436 millones entre enero y mayo, lo que supone un alza del 87,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Por otro lado, se licitaron 1.778 contratos de servicios deportivos.