El dinero público se la juega en la nieve en el año del Covid: controla el 76% de las estaciones de esquí

Comienza la temporada de nieve marcada por el Covid-19. El estallido de la pandemia irrumpió en el sector con la última campaña a punto de terminar, pero en 2020-2021 el esquí español sufrirá por la pandemia. Menos turistas y menos dinero disponible por parte de los españoles impactarán en un sector controlado por la administración pública. Veintidós de las veintinueve principales estaciones de esquí de España están en manos de ayuntamientos, comunidades autónomas y otros organismos públicos. 

España cuenta con veintinueve estaciones de esquí alpino operativas, veintiocho de ellas adscritas a Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (Atudem). Sólo la catalana Port del Comte no forma parte de esta.

Las estaciones más relevantes se encuentran en el Pirineo catalán, el Pirineo aragonés y en el Sistema Penibético, que son Baqueira-Beret, La Masella, Sierra Nevada, Astún, Candanchú, Port del Comte, las del Grupo Aramón y las operadas por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Además, hay otras instalaciones en la Cordillera Cantábrica, en el Sistema Central y en el Sistema Ibérico, aunque con menos kilómetros esquiables.

El 76% de las estaciones están operadas por empresas públicas. Veintidós de las veintinueve estaciones están en manos de comunidades autónomas o ayuntamientos, que han acudido a su rescate a causa de su poca rentabilidad por sus dimensiones pero que suponen un motor económico para las zonas. De hecho, algunas administraciones han optado por formar grupos de estaciones para aumentar sus márgenes.

Cataluña, donde hay más capital privado con Baqueira Beret al frente

En el Pirineo catalán, de las diez estaciones, siete son de capital público. Seis de ellas forman parte del grupo FGC, que opera La Molina, Espot, Port Ainé, Vallter 2000, Vall de Núria y Boí Taüll. De hecho, esta última fue integrada en el grupo la semana pasada; y suman un total de 190,45 kilómetros, 71 de ellos en La Molina. Por otro lado, la pequeña estación de Tavascán, con seis kilómetros esquiables, es propiedad del ayuntamiento de Lladorre.

Las cinco estaciones controladas por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya engloban su actividad en la sociedad de la empresa de titularidad pública. Según se desprende de la memoria de la entidad en 2018, La Molina, la mayor estación del grupo, generó en dicho ejercicio unos ingresos de actividad de 6,81 millones de euros, con una plantilla media de 57 personas.

Espot y Port Ainé, por su parte, sumaron de forma conjunta unos ingresos de 3,29 millones de euros, mientras su plantilla media se situó en 54 personas. Los ingresos de Vallter 2000 fueron de sólo 960.000 euros, con doce trabajadores de media en el ejercicio 2018.

La Molina, la mayor estación del grupo FGC, generó en 2018 unos ingresos de actividad de 6,81 millones de euros 

Baqueira-Beret, inaugurada el 6 de diciembre de 1964, está situada en la Vall d’Aran y es la estación con más superficie esquiable de España, con 167 kilómetros de trazados disponibles a lo largo de Baqueira, Beret, Bonaigua y Baciver. La estación, que cerró sus remontes el pasado 13 de marzo por el Covid-19, está controlada por la familia Serra y la aseguradora Catalana Occidente. 

Baqueira Beret, con sede en el municipio de Naut Aran y presidida por Aureli Bisbe, finalizó el ejercicio 2019 (cerrado en junio de 2019), con una cifra de negocio de 46,11 millones de euros, en línea con el ejercicio anterior.

Baqueira-Beret, finalizó el ejercicio 2019 (cerrado en junio de 2019), con una cifra de negocio de 46,11 millones de euros, en línea con el ejercicio anterior

La sociedad a través de la que opera la estación, que consolida seis sociedades (Aranesa de Radio i Televisió, Hoteles Nevados, Hoteles Valle de Aran, Sorpe Bonaigua, Viajes Baqueira Beret y Eurl Voyages Baqueira Beret), obtuvo un resultado neto de 7,95 millones de euros, frente a los 9,41 millones de euros de doce meses antes.

Con una plantilla de 664 personas, Baqueira Beret invirtió un total de 6,66 millones de euros en el ejercicio 2019, destinados a la construcción de instalaciones como un nuevo telesquí y la compra de nuevos cañones de nieve.

La Masella, por su parte, es propiedad del Grupo Bosch Aymerich y la sociedad es Telesquis de la Tossa de Alp, Das y Urus. Fue fundada en 1966 por el empresario y arquitecto José María Bosch Aymerich. Situada en la Cerdaña, actualmente dispone de 74 kilómetros trazados.

La estación catalana, que opera a través de la sociedad Telesquís de la Tossa de Alp, Das y Urus, cerró el ejercicio 2018 (el último disponible en el Registro Mercantil y finalizado en octubre de 2018) con una cifra de negocio de 9,74 millones de euros, frente a los 8,62 millones de euros de un año antes. El resultado neto de la sociedad, por su parte, se situó en 2,27 millones de euros, un 21% más que en el ejercicio precedente.

Con una trayectoria de más de cincuenta años, Masella desarrolla su actividad en terrenos de su propiedad en la base de la estación de esquí de Masella y para el resto de los terrenos dispone de concesiones administrativas en los municipios de Alp, Das y Urús, que vencen en 2044, 2025 y 2049, respectivamente, pero ampliables hasta quince años más.

La Masella finalizó el ejercicio de 2018 con una cifra de negocio de 9,74 millones de euros, frente a los 8,62 millones de euros de un año antes

Si bien es de titularidad privada, la estación, con una plantilla media de 47 personas en el ejercicio 2018, recibe subvenciones públicas de la Generalitat catalana cada año. “En el actual escenario del sector de las estaciones de esquí de España la mayoría de las sociedades tiene resultados negativos y acumulan pérdidas de ejercicios anteriores -señala la empresa en la memoria del ejercicio 2018-; por el contrario, Masella no tiene pérdidas acumuladas, ni deuda bancaria y la sociedad presenta resultados positivos”.

Por otro lado, Port del Comte, que trabaja al margen del resto de estaciones, es propiedad de los empresarios Jaume Majoral y Francesc Moliné, que compraron la estación en el 2000 y formaron la sociedad Guimaru, que la opera en la actualidad. La estación, fundada en 1974, cuenta con cincuenta kilómetros trazados y está ubicada en la comarca del Solsonés, en la provincia de Lleida.

Guimaru (con sede en la calle Mallorca de Barcelona) es la sociedad principal de Port del Comte. En 2019 (cerrado en septiembre de dicho año), los ingresos de la estación de esquí descendieron hasta 1,51 millones de euros, frente a los 2,25 millones de euros del año anterior. El resultado del ejercicio también retrocedió en 2019: de 216.198 euros a 166.850 euros. Tal y como explica la empresa en su memoria, cuenta con diferentes centros de trabajo: la estación de ilerdense de esquí, una oficina en La Seu d’Urgell y una oficina en Barcelona.

Veintidós de las veintinueve estaciones están en manos de comunidades autónomas o ayuntamientos, que han acudido a su rescate a causa de su poca rentabilidad.

La Cordillera Cantábrica y el Sistema Central, estaciones públicas y pequeñas

En la Cordillera Cantábrica hay seis estaciones operativas y todas son de titularidad pública. De ellas, las dos con más kilómetros esquiables son Alto Campoo y San Isidro, con treinta kilómetros, mientras que Manzaneda tiene dieciséis kilómetros. El resto no llegan a los diez kilómetros de superficie, por lo que son muy rentables para sus operadores.

En el Sistema Central, la situación es parecida, aunque hay una excepción. De las cuatro estaciones, una es de capital privado, precisamente la que tiene más superficie. Con 22 kilómetros esquiables, la familia González de la Fuente es la propietaria de Valdesquí. La estación, con casi cincuenta años de historia, está situada a setenta kilómetros de Madrid, por lo que es una destinación cercana para los aficionados al esquí de la capital.

Las tres estaciones de esquí del Sistema Ibérico son públicas. Las estaciones Javalambre y Valdelinares forman parte del grupo Aramón, operan conjuntamente y son las únicas del grupo ubicada fuera del Pirineo aragonés. Valdezcaray es la que más superficie tiene, con 22 kilómetros de superficie.

Aramón planta cara a Astún y Candanchú

En el Pirineo aragonés se ubican cinco estaciones, dos de las cuales son privadas y el resto formán parte del grupo empresarial Aramón. Además de Javalambre y Valdelinares, integra las estaciones de Cerler, Formigal y Panticosa. El dominio esquiable suma 289 kilómetros y nació en 2002. Está participado al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja y, bajo la forma de sociedad anónima, actúa como un hólding que gestiona e integra las cuatro estaciones de esquí. Desde su creación, el grupo ha invertido más de 180 millones de euros y captado a más de 1,2 millones de esquiadores en las dos últimas temporadas, según el grupo.

La sociedad Aramón Montañas de Aragón consolida las sociedades Castanesa Nieve, Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, Formigal, Nieve de Teruel, Viajes de Aragón Esquí y Araser. Aramón cerró el ejercicio 2018 (finalizado en septiembre de dicho año) con una cifra de negocio de 47,37 millones de euros, frente a los 46,29 millones de euros del ejercicio anterior.

Tras cerrar 2017 con unos números rojos de 829.551 euros, en 2018 Aramón tuvo beneficios, con un resultado neto de 2,67 millones de euros gracias a la reducción en un 12% de los gastos de explotación. Aramón contó en 2018 con una plantilla media de 427 personas, con un gasto de 14 millones de euros en personal.

En 2018 Aramón tuvo beneficios con un resultado neto de 2,67 millones de euros gracias a la reducción en un 12% de los gastos de explotación

“El plan estratégico del Grupo Aramón está fundamentado en acuerdos con los diferentes ayuntamientos de los destinos turísticos donde se encuentran ubicadas las estaciones u otras actividades, actuales o en proyecto, de sus sociedades participadas que permitan ayudar a crear las condiciones de oferta de destino que atraiga mayor afluencia y que ayuden a financiar los propios proyectos de modernización y ampliación de estaciones de esquí”, según explica la empresa en el informe de gestión de 2018. Aramón tiene acuerdos con ayuntamientos de municipios como Sallent de Gállego, Panticosa y Formigal, Benasque y Montanuy.

Astún opera a través de Eivasa, fue fundada en 1970 y cuenta con cincuenta kilómetros esquiables. Eivasa está participada por la sociedad dominante Parque Residencial Miraflores, que pertenece a un grupo de sociedades cuya matriz es Construcciones Santacruz, que tiene su sede en Zaragoza. Parque Residencial Miraflores está presidida por Jesús Santacruz Guajardo, a su vez director general de la estación de esquí. 

Estación Invernal Valle de Astún (Eivasa) es la sociedad con que opera la estación de esquí de Astún. La empresa finalizó el ejercicio 2019 (cerrado en mayo de dicho año) con una leve reducción de sus ingresos, que se situaron en 6,34 millones de euros, mientras las pérdidas de la estación se dispararon hasta rozar el millón de euros (frente a los 274.060 millones de números rojos de 2018).

Teniendo en cuenta Eivasa y la filial de hostelería Hoserval, en 2019 la estación de Astún dio empleo directo durante la temporada invernal a más de 150 personas.

La empresa finalizó el ejercicio 2019 con una leve reducción de sus ingresos, que se situaron en 6,34 millones de euros

Por su parte, Candanchú fue fundada en 1928, siendo la estación más antigua de España, y cuenta con cincuenta kilómetros esquiables. En 2016, el grupo Ibernieve Aragón completó la toma de control de la estación de esquí de Candanchú al adquirir el 73,84% de las acciones de la sociedad Explotaciones Turísticas de Candanchú. Las negociaciones para esta operación, que supuso la venta por parte de empresarios vascos y aragoneses que históricamente habían controlado la estación, duraron más de un año.

Con sede en el municipio de Aisa, Explotaciones Turísticas de Candanchú alcanzó en el ejercicio cerrado en mayo de 2018 una cifra de negocio de 5,27 millones de euros, frente a los 4,99 millones de euros del año anterior. En el ejercicio 2018, el resultado se situó en 374.863 euros, a la baja respecto a los 480.979 euros de 2017.

“Las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2017-2018, presentan un

patrimonio neto positivo de 805.041 euros, un resultado positivo de 374.863 euros y al mismo tiempo un fondo de maniobra negativo de 886.357 euros y deudas a largo y corto plazo de carácter concursal, constituyendo todos ellos en factores causantes de duda sobre la continuidad de las operaciones de la sociedad”, según recoge la memoria.

En mayo de 2017, la sociedad gestora de Candanchú acordó la reducción del capital a cero para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto, disminuido como consecuencia de pérdidas. Simultáneamente, la sociedad amplió capital en más de 100.000 euros.

Sierra Nevada, un referente nacional e internacional

Finalmente, en el Sistema Penibético se ubica una de las estaciones más potentes del país. Sierra Nevada, ubicada en Granada y que cuenta con 110 kilómetros esquiables. Fue fundada en 1964 y ha acogido numerosas competiciones internacionales como un Mundial de esquí alpino y snowboard, además de ser candidata a acoger unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Sierra Nevada opera a través de la sociedad Cetursa Sierra Nevada, que cerró el ejercicio 2018 con una cifra de negocio de 38,02 millones de euros, al alza desde los 35,47 millones de euros de un año antes. El resultado de explotación de la sociedad se situó en 1,48 millones de euros en 2018.

La sociedad posee “el derecho de uso y disfrute de los terrenos propiedad del Ayuntamiento de Granada por cesiones sucesivas realizadas por la Corporación de Granada entre los años 1964 y 1969”. En 2006, Sierra Nevada firmó con el consistorio un contrato de arrendamiento sobre determinadas fincas propiedad ubicadas en la Dehesa de San Jerónimo y la Dehesa de Dílar, en los términos municipales de Monachil y Ciliar, respectivamente, en las que la sociedad desarrolla y explota actualmente parte de las instalaciones de la estación de esquí. El contrato con el Ayuntamiento de Granada tiene una duración de 35 años prorrogables y la renta anual está fijada en 100.000 euros.