El CF Reus recurre al TAD y reclama una indemnización por la fuga de jugadores

Los nuevos propietarios del CF Reus plantean batalla legal. El grupo inversor americano ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la decisión del juez de disciplina social de LaLiga de expulsar al club del fútbol profesional por un periodo de tres años. La entidad, asesorada por el bufete Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira, considera que la resolución “es contraria a Derecho”, si bien no precisa en base a qué.

Su objetivo es conseguir una suspensión cautelar del fallo para bloquear la salida de todos los futbolistas del primer equipo y poder seguir compitiendo. En este sentido, el nuevo presidente y máximo accionista, Clifton Onolfo, ha criticado que “la decisión de LaLiga de haber liberado los jugadores del primer equipo perjudica gravemente la situación económica” de un equipo que ha acumulado una deuda superior a los seis millones de euros y que explica lo sucedido en los últimos meses.

El directivo considera que “los jugadores no deberían haber sido liberados y que sólo el club o la Federación podrían aprobar estas medidas, no LaLiga por sí misma”. Además, ha anunciado que probablemente exigirán una indemnización por una actuación que considera que ha provocado “pérdidas en millones de euros”. En este punto, no se aclara cuántos de los miembros del primer equipo han quedado libres en base al documento privado que firmaron con el exdueño, Joan Oliver, que se comprometió a esa liberación si no abonaba la deuda pendiente en un determinado plazo.

Está por ver cuál será la defensa del CF Reus ante el TAD, si bien la resolución del juez de disciplina social deja claras las razones de su sanción: incumplimiento reiterado de sus obligaciones con los futbolistas y falsedad u omisión de información veraz al órgano de control económico de la patronal, tipificado como una infracción muy grave de los estatutos.

La entidad y la afición esperaban que la salida de Oliver y la llegada de dos nuevos inversores de Estados Unidos ayudaría a evitar la expulsión del equipo, que ocupaba puestos de descenso antes de dejar de competir. Ambos se comprometían a aportar los más de siete millones de euros necesarios para liquidar toda la deuda y desarrollar un proyecto inmobiliario junto al estadio, que ahora podría quedar en nada tras el descenso administrativo.

Sin embargo, la resolución considera que “si bien es una circunstancia constitutiva de propósitos y condiciones lícitos en sí mismos, configura una operación que, desde el punto de vista de su incidencia en el procedimiento sancionador (que versa sobre hechos efectivamente producidos e infracciones efectivamente cometidas), carece de producir ningún efecto”. Es decir, que el Reus no podía quedar libre de culpa por el simple hecho de que cambiara el equipo gestor.