2017: La ‘democratización’ del fútbol vuelve tras 25 años de SAD

Este 2017 el deporte se ha centrado, sobre todo, en la celebración del 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. No obstante, también se cumple un cuarto de siglo de uno de los cambios más relevantes para este sector, y que más debate suscita sobre cuáles han sido sus resultados: la conversión de los clubes profesionales en sociedades anónimas deportivas (SAD). “No ha funcionado como esperábamos, pero no veo un régimen jurídico que funcione mejor”, señala Javier Gómez Navarro, expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y promotor de la Ley del Deporte de 1990.

Aquella obligación sólo dejó al margen a los equipos que, entonces, pudieron demostrar que eran viables económicamente: Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y CA Osasuna. Al resto, se les obligó a transformarse en empresa, con capital social, accionistas y la obligación de conseguir una cuenta de resultados estable para no verse sujeto a supuestos como la suspensión de pagos. Una teoría que pronto se evidenció frágil, pues más de 25 equipos de LaLiga presentaron concurso de acreedores en los últimos veinte años y la Justicia ha revelado irregularidades en algunos procesos, como el del Atlético de Madrid o el Real Betis.

Muchos pensarán que podría haberse buscado una medida menos radical, como el control económico que hoy establece la patronal presidida por Javier Tebas y que ha servido para que hoy sólo algunas entidades sigan dentro del mapa de riesgos por su deuda, pero no por su rentabilidad. Pero no hay que olvidar que se intentó en 1985, con un plan de saneamiento y ordenación económicos. Las crónicas periodísticas de entonces hablan de traición de los clubes al Gobierno, pues siguieron aumentando su deuda.

El Gobierno plantea que los clubes convertidos en SAD incluyan en el consejo de administración a los socios minoritarios

La viabilidad de la industria se ha acabado logrando por la renovación de los equipos gestores, la entrada de inversores con mayor voluntad de profesionalización, y la creciente concienciación social de que el fútbol no podía ser ajeno al resto de industrias en sus obligaciones con la Administración y el resto de acreedores. Y, si en 1995 se daba un paso atrás y se readmitía al Sevilla FC y al RC Celta en Segunda por la presión social, en 2015 no tembló el pulso a la hora de expulsar al Elche CF.

Sin embargo, el problema que no acaba de solucionarse es el de cómo mantener la esencia de un club deportivo dentro de una SAD. “Aquel dirigente que se olvide del sentimiento va a durar muy poco”, recordó el presidente de la Asociación de Accionistas Unidos del Sevilla, Eduardo Arenas, en un encuentro organizado por la Asociación de Prensa Deportiva de Madrid.

No es una cuestión sencilla, como en los últimos meses viene reflejando la tensión entre Raúl Martín Presa, dueño del 99% del Rayo Vallecano, o Peter Lim, que posee el 82,33% del Valencia CF, con sus respectivas aficiones. Ni ellos, pero tampoco muchos otros clubes, han dado entrada en el consejo de administración a terceros, cuestión que el actual presidente del CSD, José Ramón Lete, propone cambiar en la nueva ley. “Creemos que es necesaria la representación de los accionistas minoritarios”, apuntó.

El Gobierno considera que su inclusión en los máximos órganos de gobierno asegura el arraigo local, especialmente si se trata de inversores extranjeros. Además, es una de las principales reivindicaciones de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (Fasfe), que agrupa a las principales plataformas de socios minoritarios de los clubes de LaLiga. Algunas entidades son contrarias a esta idea, y sí que abogan por crear figuras como la del enlace con la afición, para recoger propuestas que después se puedan someter a estudio. O, como ha hecho el Girona FC tras pasar a manos de City Football Group y Pere Guardiola, con la creación de un consejo asesor en el que están representadas importantes figuras de la sociedad gerundense.

El Betis ha pagado 15 millones a Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver para poder colocar paquetes de hasta el 3% del capital entre nuevos accionistas

El Real Betis sí que decidió incluir a las distintas sensibilidades dentro de su consejo, después de que Ángel Haro accediera a la presidencia. El empresario sevillano, además, ha dado una vuelta de tuerca a la democratización del club, con la recompra de acciones que tenían Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver para colocarlas entre los aficionados y pequeños accionistas. Su objetivo es que, al igual que otros participantes de LaLiga, el club pueda funcionar como entidad social, aunque bajo el cascarón de una SAD.

La entidad verdiblanca ha pagado 15 millones por las acciones de ambos, para posteriormente ponerlas a disposición de los socios y establecer un límite de 3.525 acciones por cada comprador, de manera que nadie pueda hacerse con más de un 3% en esta nueva operación. “De esta junta sale un Betis más fuerte porque acabamos con una época convulsa en la que no se sabía de quién eran las acciones y los béticos no se sentían representados por quienes las titulaban”, defendió Haro, en un movimiento que busca atomizar al máximo la propiedad y replicar el modelo existente en otros equipos.

En Primera División, hay otros tres clubes que en sus estatutos recogen que una sola persona no pueda poseer más de entre el 3% o el 5% de los títulos, con tal de evitar que se pierda la esencia de club social y que la junta de accionistas se asemeje al máximo a una asamblea general de socios, en la que cualquier miembro puede solicitar información o expresar sus opiniones sobre el buen gobierno de la institución. Se trata de Real Sociedad, RC Deportivo y la SD Eibar, el último club de la élite que tuvo que transformarse en SAD para cumplir con las normas del CSD y poder jugar en LaLiga.

En las últimas grandes ampliaciones de capital, como las del Valencia CF, Espanyol o Atleti, las aportaciones de los socios no habrían recaudado el dinero necesario

El caso del conjunto armero puso de manifiesto el malestar que puede suponer la obligación de convertirse en una mercantil para participar en competiciones profesionales, pues no tenía deudas y su track record durante el último lustro arroja 36,5 millones en beneficios y uno de los índices de rentabilidad más elevados del sector. En este sentido, Fasfe propone que se pueda optar por formas jurídicas alternativas, como una cooperativa. “Entendemos que un club de fútbol es un tipo de institución con una componente social tan grande que encaja fatal en un tipo jurídico mercantil con ánimo de lucro como son las SAD”, indica Emilio Abejón, su presidente y representante del colectivo Señales de Humo, que agrupa a pequeños accionistas del Atlético de Madrid.

A día de hoy, una quincena de equipos de Primera y Segunda cuentan con algún colectivo de socios minoritarios, si bien su representación en términos porcentuales jamás acostumbra a sobrepasar el 5% del capital, salvo en contadas excepciones como en el Real Betis o el Sevilla FC, con plataformas muy activas y un alto grado de inicidencia debido a su papel decisor entre los principales bloques de accionistas. “La realidad, después, es que muy pocos se preocupan sobre la situación económica y acuden a la junta para plantear problemas más cotidianos, como la comodidad de su asiento”, lamenta un alto ejecutivo.

Tampoco bastarían para cumplir con las necesidades financieras de muchos que buscaban capital para rebajar su deuda, como el RCD Espanyol, el Valencia CF o el Atlético de Madrid, que en los periodos de suscripción preferente apenas lograron unos miles de euros. Y de ahí que cada vez lleguen más inversores.