Fiscalidad, Ley del Deporte y mecenazgo: ¿cuáles son las carpetas pendientes del nuevo Gobierno?

Con el cambio de Gobierno, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez ha heredado los asuntos pendientes que no acabó de resolver la Administración anterior. Pese a que las cuestiones económicas y territoriales marcan la agenda de los nuevos dirigentes, el sector de la actividad física quiere ocupar una posición relevante en las prioridades de Màxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte.

La cuestión más apremiante es el nombramiento de la nueva presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). Por el momento, Huerta sólo ha confirmado que “seguramente” será una mujer la que esté al frente del CSD, pero su nombre aún no ha trascendido. En cualquier caso, la responsable deberá gestionar múltiples desafíos. La elaboración de una nueva Ley del Deporte que actualice la aprobada en 1990 es uno de los principales retos.

Para aprobar una nueva Ley el Gobierno deberá tejer alianzas en el Congreso, tal y como hizo durante la moción de censura a Mariano Rajoy. Ahora bien, durante los últimos meses los partidos se han mostrado conciliadores y todos, sin excepción, se han mostrado favorables a renovar el marco legal.

El nuevo Gobierno tendrá que gestionar cuestiones como la elaboración de una nueva Ley del Deporte y una Ley que regule las actividades deportivas

Se prevé que la nueva norma defina mejor el modelo de financiación y profundice en la buena gobernanza de las federaciones, que, si bien son privadas, tienen delegadas funciones públicas. Ibán García del Blanco, secretario de cultura y deporte del PSOE en el Congreso, ya aclaró a Palco23 que la nueva Ley debe “regular la actividad deportiva que se hace extrafederativamente”.

Es una visión que compartió con este diario su homólogo en Ciudadanos, Ignacio Aguado, al admitir que “el texto debe construir una nueva estructura del deporte incluyendo el deporte no federado, como el que se practica en las carreras populares y en los gimnasios”. La formación naranja fue uno de los partidos, junto al Pdecat y Unidos Podemos, que votó a favor de la proposición no de Ley para reducir el IVA de los centros deportivos, aunque el voto en contra del PP y la abstención del PSOE impidió su tramitación.

El tipo impositivo de los centros de fitness será uno de los reclamos en el que la Fneid (patronal de los clubes de fitness) y la Fundación España Activa insistirán durante los próximos meses, aprovechando el cambio de Gobierno. Además, esta entidad está presidida por Jaime Lissavetzky, ex secretario de Estado para el deporte durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

La regulación de las profesiones deportivas es otro de los desafíos del nuevo Gobierno.

Con todo, el mismo directivo ya aseguró a este diario que si bien la rebaja generará un beneficio a las empresas y los practicantes, su reducción no debe ser el objetivo fundamental. “El deporte debe ser una cuestión de Estado y el reto está en provocar que la gente sea consciente de que hay que hacer más actividad física”, defendió.

Unidos Podemos, por su parte, considera que el Ejecutivo debe regular las profesiones del deporte en todo el país, ya que el vacío legal ha provocado que numerosas comunidades autónomas, hayan aprobado sus propias legislaciones en este ámbito.

La financiación será otra de las claves, que estará muy ligada a una posible ley de mecenazgo que reclaman desde los clubes, las federaciones, las competiciones y el COE. “Al nuevo Gobierno le pedimos una ley que favorezca que las empresas y marcas patrocinen a los equipos”, explicó Juan Antonio Morales, presidente del Club Joventut Badalona durante el Sports Business Meeting 2018.

Por su parte, el presidente del COE, Alejandro Blanco, reclama que “de las 26 citas de interés excepcional que se celebraron en 2017, sólo cinco son deportivas. La ley tiene que ser más amplia para atraer a empresas que ayudan al deporte con incentivos fiscales”.  Además, el comité marcó sus líneas rojas para la nueva Ley, que pasan por dar más autonomía a las federaciones, ofrecer un marco fiscal y de financiación más favorecedor para el deporte.

Desde LaLiga se pedirá al Ejecutivo trabajar en cuestiones de fiscalidad para reducir la desventaja competitiva de España respecto a otros países

El fútbol profesional también ha elaborado su propia carta de peticiones, si bien es la misma que viene reclamando la industria desde hace al menos tres años. La cuestión más reivindicada es la de la fiscalidad, pues se considera que LaLiga está en desventaja respecto al resto de grandes competiciones europeas, especialmente desde que en 2014 se decidió excluir a los futbolistas del régimen especial para los trabajadores impatriados, por el que el tipo máximo de IRPF sería del 25% y no de más de un 40%.

El director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, ironizó hace un año sobre “¿cómo se explica que los únicos profesionales a los que no se aplica la ley Beckham en España sean los futbolistas?”. “En Inglaterra los futbolistas cobran mucho más y pagan menos impuestos”, criticó. Este año, ha sido el presidente de la competición, Javier Tebas, el que ha recordado que “el fútbol es una de las industrias más importantes de este país, pero somos menos competitivos por los temas fiscales”.

El fútbol profesional pagó 799 millones de euros en impuestos por trabajadores en 2016-2017, y la previsión es que se alcancen los 1.000 millones en 2019-2020. De ahí que se reclame algún tipo de nueva figura o régimen fiscal, que permita recuperar el menor pago de impuestos por las retribuciones de los futbolistas. Es una práctica que se da en Reino Unido, Italia y Francia, pero no en Alemania.

Un estudio encargado a Garrigues por LaLiga también señala una posición desfavorable en los derechos de traspaso, que sólo tributan en España de las cinco grandes ligas analizadas. Pero el gran foco de polémica, y lo que ha obligado a numerosos clubes a soportar multas millonarias, es el cambio de criterio a la hora de interpretar las comisiones de los agentes. Estos servicios de los representantes tributaban por IVA, hasta que un día se decidió que debía considerarse un pago que el club hacía en nombre del jugador y, por lo tanto, debía tener la calificación de rendimiento del trabajo. Es decir, que se duplicaba el coste.