Despedir o no, el dilema económico que plantea Semedo al Villarreal CF

Rubén Semedo llegó el pasado verano al Villarreal CF con el aura de ser uno de sus fichajes más caros de la historia. El club castellonense desembolsó 14 millones de euros para incorporar a este central de 23 años llamado a cubrir el hueco de Mateo Musacchio, pero sus problemas extradeportivos van camino de convertirlo en una mala inversión. En prisión preventiva desde el pasado 22 de febrero, su futuro plantea importantes incógnitas económicas, tal y como quedó ayer de manifiesto en el sexto Encuentro LaLiga de Derecho del Deporte 2017-2018.

Mario Resino, de KPMG, recordó que uno de los escollos iniciales que debe tener en cuenta cualquier club con un problema de este tipo es que “en el estatuto de los trabajadores no hay preceptos que permitan despedir por conductas al margen de la actividad laboral”. Eso sí, en su intervención apuntó a que existen sentencias que avalan despidos si se demuestra que esas acciones fuera del trabajo han provocado un perjuicio a la entidad, en este caso a nivel de reputación.

El abogado, especialista en cuestiones laborales, recordó que “la potestad disciplinaria del club no alcanza” a la vida privada de los jugadores, a no ser que tengan una incidencia en su imagen o en el rendimiento deportivo. Muchas veces se trata de evitar a priori posibles problemas con cláusulas comunes como la restricción de actividades físicas que puedan provocar una lesión, el correcto uso de las redes sociales, llevar una vida saludable e incluso viajar sin consentimiento de la entidad.

El Villarreal CF estaría obligado a amortizar de forma anticipada los 14 millones que costó Semedo si no logra venderlo y le rescinde el contrato

En el caso de Semedo, el Villarreal emitió un comunicado en el que aseguró que adoptaría “las medidas disciplinarias oportunas con el máximo rigor y contundencia en base a la gravedad de los hechos”. ¿Qué significa eso? El club podría suspenderle de empleo y sueldo hasta que se resuelva el proceso judicial, en el que se le acusa de delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia. Pero las consecuencias económicas no son menores.

“El club puede pedir indemnización de daños y perjuicios si hay incidencia por prisión definitiva”, recordó Resino. Sin embargo, queda por resolver cuál sería el desenlace de su relación contractual. La rescisión de su vínculo profesional obligará a la entidad controlada por Fernando Roig a amortizar de forma anticipada los 14 millones que pagó por el futbolista portugués, con la afectación que eso tendría al resultado neto de 2017-2018. La venta de Cedric Bakambu por 37 millones ayudaría a evitar los números rojos, pero no dejaría de ser una de las peores operaciones realizadas por el equipo.

Por otro lado, Resino incidió en que la actual norma no permitiría al Villarreal reemplazar a este jugador en la plantilla, puesto que Semedo no estaría fuera por una lesión de larga duración. Y un riesgo adicional que expuso: “Imaginemos que la Fifa dice que no hay causa de despido, el club se podría ver sancionado deportivamente”, apuntó. De ahí que el profesional de KPMG abogara por “regular en los contratos de forma muy exhaustiva las actuaciones a prevenir, el régimen interno y el código ético, así como establecer penalizaciones en el caso de que el club tenga que verse obligado a un despido”.

El encuentro de ayer, y como es habitual, arrancó con el repaso a la actualidad jurídica por parte de Alberto Palomar, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III. Ayer también participaron Antonio V. Sempere, catedrático de Derecho del Trabajo, y Lorenzo Morillas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, sobre amaños y apuestas ilegales.