Nueva operación de la Policía Nacional contra la piratería del fútbol

La persecución contra la piratería de contenidos audiovisuales continúa. La Policía Nacional intervino el pasado jueves en la tienda Padre de familia, ubicada en Madrid, tras la denuncia presentada por Mediapro "ante un presunto delito de defraudación de servicios de comunicación y electrónicos y contra la propiedad industrial e Intelectual", según explica el grupo audiovisual.

Durante el registro, agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica intervinieron "26 decodificadores que habían sido desprecintados, tomó declaración a los empleados que se encontraban en la sede social y detuvo al administrador único del negocio, Francisco Javier Bernal Malillos, al que dejaron en libertad después de prestar declaración".

Mediapro denuncia en un comunicado que este establecimiento, tanto en el interior del local como en su página web, "comercializa tarjetas y decodificadores beIN Sport y suscripciones para visionar el canal sin autorización legítima". Con esta denuncia, el grupo recuerda que "prosigue su lucha contra la piratería digital", en especial contra aquellos que facilitan acceso a las emisiones del canal deportivo en España.

Dentro de esta lucha, uno de los grandes hitos que se lograron el año pasado fue la condena de Rojadirecta por parte del Juzgado Mercantil número 2 de La Coruña, que obligó a este portal a “cesar inmediatamente en la facilitación de enlaces de Internet”.

El perjuicio de todas estas actividades no es menor, ya que un informe de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos eleva el impacto de la piratería en el fútbol español a 227 millones de euros sólo en 2014. El trabajo, elaborado por la consultora internacional GfK, señala que durante el pasado año se visualizaron de forma ilegal un total de 139 millones de fútbol en más de 1,8 millones de hogares en España.

El valor de mercado de todas estas retransmisiones supera los 509 millones de euros, pero GfK rebaja la pérdida de ingresos a 227 millones porque, según sus estimaciones, sólo el 44,6% estaría dispuesto a consumir contenidos de forma ilegal y suscribirse a una plataforma de pago.