Searchlight e Invesco ofrecen 330 millones por la mayoría de Mediapro

Dos fondos quieren tomar el control de Mediapro. Searchlight e Invesco, dos de los nuevos acreedores de la productora, han presentado una propuesta al consejo de administración de la compañía con sede en Barcelona con el objetivo de convertirse en sus accionistas mayoritarios por 330 millones de euros, según El Confidencial.

La crisis de Mediapro, que la semana pasada vio como Manuel Arroyo adquiría Fox Sports México, superando la propuesta de la empresa de Jaume Roures y Tatxo Benet, puede acabar en un cambio de accionistas.

La operación que se ha propuesto implicaría la dilución de Orient Hontai, propietaria del 54% de Mediapro, y de WPP, que posee el 22,5% de la compañía y que ha deteriorado el valor de su participación a cero.

A principios de mes, Mediapro vendió parte de su deuda a los fondos Searchlight, Invesco y Gala Capital por 180 millones de euros, con un descuento del 30%, aprovechando que varios acreedores buscaban eludir el riesgo en que está inmerso la compañía fruto de su delicada situación financiera.

Mediapro cerró el año pasado con unas pérdidas operativas de 215 millones de euros y a finales de mes debe afrontar un primer pago de 26 millones a sus acreedores. Si no encuentra una solución, tendrá un problema, al disponer en caja de menos dinero del que debe tener para el pago a sus proveedores.

WPP, segundo mayor inversor de Mediapro, ha deteriorado a cero su participación del 22,5% en la compañía audiovisual

Ante esta situación, Searchlight e Invesco, con Gala Capital en la recámara, han propuesto a Roures y Benet canjear esos 180 millones de euros por acciones, al mismo tiempo que aportan 150 millones de euros adicionales, a condición de convertirse en accionistas mayoritarios de la compañía. Una operación que supondría pérdidas muy significativas para los accionistas actuales, como ya ha previsto WPP, segundo mayor inversor de Mediapro, que ha deteriorado a cero su participación del 22,5% en la compañía audiovisual.

La empresa, que necesita una inyección de capital para no incumplir sus obligaciones financieras derivadas del Covid-19, ha recurrido al Gobierno para que le conceda un préstamo de 230 millones a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).