RPM se impone en los tribunales a Mediapro y se hace con el Campus del Videojuego de Madrid

RPM gana la batalla. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha decidido desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Fandroid Entertainment, organizador de la LVP y propiedad de Mediapro. De esta manera, la prestación de servicios para la puesta en marcha y gestión del campus del videojuego en Madrid recaerá en la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por RPM Racing y Team RandomK eSports, propietario de Movistar Riders.

El contrato de servicios tiene un valor estimado de 30,9 millones de euros y está dividido en cuatro lotes. El lote 2, objeto del recurso, está destinado a el diseño, programación y realización de programas, torneos y actividades relacionadas con los eSports, desarrollo y gestión de zonas de entrenamiento eSports, con un valor estimado de 6,1 millones de euros.

Además, el tribunal ha interpuesto una multa de 3.000 euros a Mediapro porque “se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso”. Según ha asegurado la LVP a Palco23, siempre que considere que hay un procedimiento que no es correcto, presentará recursos.

RPM se ha hecho con un lote valorado en 6,1 millones de euros

Según explica la sentencia, esta resolución es definitiva en la vía administrativa, será directamente ejecutiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses.

La puesta en marcha y gestión del campus de videojuego salió a concurso el pasado 26 de abril. Después de conocer los adjudicatarios, Fandroid presentó recurso especial en materia de contratación contra la admisión de la oferta de la UTE entre RPM y Riders, recurso que fue inadmitido por “no existir en el acto recurrido un acto expreso de admisión de la oferta”. Posteriormente, el 20 de septiembre, la UTE mencionada obtuvo 82,6 puntos, mientras que Fandroid sumó 67,5 puntos.

Esta resolución implicó un nuevo recurso especial por parte de Mediapro porque alegaba que se había vulnerado el secreto de las proposiciones. Sin embargo, el tribunal ha asegurado “no se trata de negar al recurrente su derecho al recurso, sino de rechazar un uso abusivo o temerario del mismo, en base a meras especulaciones y no la documentación”.

La justicia sostiene que “el recurso (de Mediapro) es una construcción artificiosa que no se compadece con los datos en ningún punto”

En el caso de este último recurso, la Justicia asegura que “se aprecia un proceder especulativo en la formulación del recurso especial en materia de contratación, en abierta contradicción con la redacción de la documentación, lo que obliga a este tribunal a apreciar mala fe y temeridad en la interposición del recurso especial en materia de contratación”. “Tanto los argumentos relativos a la contaminación como los de mejoras, son abiertamente contrarios a los pliegos, las ofertas de los licitadores y los informes técnicos tal y como se ha ido relatando en esta resolución”, asegura, remarcando que “el recurso es una construcción artificiosa que no se compadece con los datos en ningún punto”, por lo que ha optado por multar al grupo.

Tras esta sentencia, la UTE entre RPM y Movistar organizará 45 eventos entre 2022 y 2025: doce competiciones; diecinueve de concienciación; y siete eventos profesionales. El primer, el tercero y el cuarto lote ya están formalizados.

El primer lote, que incluye el diseño y gestión del development center, cuenta con la partida presupuestaria más alta de los cuatro bloques, con un presupuesto de 10,1 millones de euros. En este caso, el adjudicatario fue Vodafone junto con el estudio de videojuegos Gamera Nest y la agencia de marketing Origen UWW.

Por su parte, Actividades de Ocio y Educación se hizo con el tercer lote, correspondiente a la difusión de los contenidos y la creación de un museo específico para videojuegos, cuenta con un importe de 6,4 millones de euros. El último de los lotes, valorado en 1,3 millones de euros, comprende la oficina técnica, encargada de velar por la correcta ejecución del proyecto. Deloitte fue quien se impuso.