La jueza del Caso Supercopa descarta trasladar la causa a la Audiencia Nacional

El Caso Superliga se queda en Majadahonda. La jueza que está instruyendo el Caso Superliga, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) durante la gestión de Luis Rubiales, ha descartado trasladar la causa a la Audiencia Nacional, según avanza Europa Press.

La magistrada Delia Rodrigo considera que no está acreditada la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos del caso. De este modo, ha desestimado la petición de LaLiga, que reclamaba que remitiese las actuaciones al órgano de justicia.

La jueza considera que “no están suficientemente acreditados los extremos” que justifican la competencia del citado tribunal, ya que los delitos investigados son un posible delito de corrupción en los negocios, así como un presunto delito de administración desleal y blanqueo de capitales.

El pasado 19 de junio, Rodrigo amplió seis meses más la investigación del Caso Supercopa. La magistrada concluyó en el auto que, examinadas las diligencias, se constató que la instrucción no había finalizado porque aún falta el resultado de la comisión rogatoria remitida a Andorra, así como el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto a la documentación intervenida en las entradas y registros.

La jueza del Caso Supercopa ha ampliado seis meses más la investigación

El auto también reflejaba que Rodrigo aún debe tomar declaración a los investigados y testigos que constan en la causa, además de practicar otras diligencias que puedan derivar de las anteriores.

En ese sentido, la semana pasada, la jueza requirió a la Rfef una serie de documentos, cuyo contenido no ha trascendido aún. Además, solicitó el informe del Órgano de Cumplimiento Normativo, de mayo de 2022, que fue firmado por Francisco Javier Puyol; las grabaciones completas correspondientes a las reuniones de la asamblea general de la Rfef de 2018, de diciembre de 2020 y de mayo de 2022 y el reglamento de funcionamiento interno de la Comisión de Cumplimiento Normativo, entre otros.

El pasado 30 de mayo, la jueza imputó al exfutbolista Gerard Piqué, al considerar que hay indicios de delito en el cobro de los cuatro millones de euros al año que se embolsa el exfutbolista tras intermediar en las negociaciones entre la Rfef y Arabia Saudí.

A principios de abril, la magistrada requirió a unos quince bancos que le facilitaran información sobre 96 cuentas bancarias a nombre del exjugador de FC Barcelona Gerard Piqué, y otras 36 de las que el expresidente de la Rfef Luis Rubiales es titular.